La sociedad tunecina atraviesa por una grave crisis institucional en medio de una acuciante situación económica. El PBI de Túnez descendió un 8,6% en 2020, según el Banco Mundial.
La economía tunecina ha sido la más afectada del Norte de África, con excepción de Libia en guerra civil, por la recesión provocada por la pandemia del Covid.
Por otra parte, la recuperación se presenta muy lenta. El incremento del PBI este año ha sido estimado por el FMI en 3%.
Durante la última década la deuda pública en relación con el PBI se ha más que duplicado pasando del 40,7 al 87,6%.
El estancamiento económico y el alto nivel de la desocupación urbana ha provocado que la administración pública absorba desempleados en forma excesiva. Hoy el Estado proporciona trabajo a uno de cada cuatro tunecinos (25%), una tasa que supera ampliamente el promedio de la OCDE de 18%.
En medio de la crisis el presidente Kaïs Said, un profesor de derecho de 63 años, que gobierna sin el apoyo de un partido político después de haber obtenido el 72,7% de los votos en las elecciones de octubre de 2019, apeló a una cuestionada interpretación del artículo 80 de la constitución de 2014, que faculta al presidente a asumir poderes extraordinarios en caso de “peligro” y bajo supervisión del Tribunal Constitucional (organismo que nunca se constituyó) para disolver, el pasado 25 de julio, el gabinete del primer ministro Hichem Mechichi, líder del partido Ennahda (islamista moderado), suspender al Parlamento enviando al ejército a cerrar sus puertas y suspendiendo los fueros de 217 legisladores y controlando las actividades del poder judicial.
La medida presidencial fue interpretada como un auténtico golpe de Estado institucional dentro y fuera de Túnez. También despertó el inmediato rechazo de los partidos políticos con representación parlamentaria, pero el presidente Said se mantuvo firme y demora la reapertura del Parlamento y la designación de un nuevo gabinete.
El presidente Said, durante los últimos dos meses, instruyó a la justicia tunecina para que realizara numerosas investigaciones aplicando medidas cautelares, tales como arrestos domiciliarios y prohibiciones de salir del país, contra exfuncionarios, empresarios y exmagistrados. Como una forma de intimidar a la oposición.
No obstante, conforme la situación institucional irregular se prolongaba también crecía la resistencia de la sociedad a la autocracia del presidente. Pese a las restricciones establecidas por las autoridades en varias oportunidades manifestaciones de hasta cinco mil personas han recorrido las calles reclamando la reapertura de la Asamblea de Representantes del Pueblo, el parlamento tunecino.
Para reducir la presión el presidente, en un hecho inédito y anticonstitucional, convocó el 29 de septiembre a una colega profesora universitaria sin vinculaciones partidarias para encomendarle la formación de un nuevo gabinete.
La elegida fue la doctora Najla Bouden, una prestigiosa geóloga con un doctorado de la École des Mines de París y un posdoctorado en ingeniería sísmica, profesora de la Universidad El Manar.
La geóloga ocupó cargos de responsabilidad en el ministerio de Educación Superior e Investigación Científica como parte del “Programa PromEssE”, que maneja un presupuesto de setenta millones de euros, financiado por el Banco Mundial.
La Dra. Bouden propuso al presidente un nuevo gabinete compuesto por 25 ministros, en su mayoría profesores universitarios y funcionarios estatales de segundo nivel. El nuevo gobierno tendrá diez carteras serán ocupadas por mujeres: Justicia, Finanzas, Comercio, Cultura, Medio Ambiente, Mujer, de Infancia y Tercera Edad, de Equipamiento y Vivienda y la secretaria de Estado para las Relaciones Exteriores.
Entre las figuras más destacadas cabe destacar al ministro de Economía Samir Said, un banquero de destacada trayectoria, el ministro de Defensa Imed Memmich, el responsable de Relaciones Exteriores, Othman Jerandi, el ministro de Sanidad mayor Alí Mrabet, sexto titular de esa cartera desde el comienzo de la pandemia.
Najla Bouden, a sus 63 años, se ha convertido en la primera mujer en asumir como primera ministro de Túnez y en el mundo árabe. Es también la tercera persona en ocupar el cargo desde la asunción del presidente Kaïs Said y la octava desde el estallido de la Primavera Árabe en 2011.
Lamentablemente, este nombramiento se ve cuestionado porque carece de legitimidad democrática. Debido a que no alcanzó el cargo por decisión popular a través de las urnas o de un acuerdo en el Parlamento, sino por la sola voluntad de un hombre, el presidente Kaïs Said, un autócrata en camino de convertirse en dictador.
Precisamente, la legalidad de la designación de Bouden ha sido cuestionada por los partidos políticos con representación en el Parlamento hoy suspendido: Ennahda, Qalb Tounes y Al Karama.
En consecuencia, todo hace pensar que la primer ministro Najla Bouden que asumió el 10 de octubre tendrá funciones acotadas y que las decisiones más importantes seguirán en manos del presidente Said.
