La Administración del presidente demócrata Joe Biden aprovecha la publicación del “Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo” para ajustar cuentas con los gobiernos populistas que persiguen a los políticos opositores, periodistas independiente y activistas de los derechos humanos.
El informe que se publica desde 1977, examina el comportamiento de los gobiernos de todo el mundo en materia de derechos humanos y sirve de guía al Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país. También crea la oportunidad para que Washington exprese su opinión sobre ciertos gobiernos que no cumplen con sus estándares en materia de respeto a las libertades individuales y los derechos humanos.
El Informe presentado por el Secretario de Estado Antony Bliken ha sido particularmente crítico con las dictaduras latinoamericanas y los gobierno populistas en todo el mundo.
Al tratar la situación de los derechos humanos en Cuba, por ejemplo, califica al país como un “Estado autoritario” donde “la libertad de prensa prácticamente no existe” y que se impide a los cubanos crear partidos políticos de oposición.
Con respecto a la dictadura chavista de Venezuela, califica a su gobierno “régimen ilegítimo” (el gobierno estadounidense continúa reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino). Washington reiteró que no reconoce el resultado de las elecciones legislativas del 6 de diciembre pasado, en las cuales los candidatos bolivarianos obtuvieron el 92% de los escaños por la falta de participación de la oposición que responde a Guaidó.
Washington considera que el dictador Nicolás Maduro con su corrupción “agravó terriblemente la cris humanitaria del pueblo venezolano.”
Sobre la dictadura sandinista de Nicaragua, el Departamento de Estado la denomina “régimen corrupto” al gobierno del excomandante Daniel Ortega a quien acusa de haber aprobado en los últimos meses leyes que son cada vez más represivas y limitan la capacidad de expresión de la oposición política, la sociedad civil y la prensa independiente.
Finalmente, el Informe responsabiliza al presidente Ortega y a grupos paramilitares oficialistas de implementar “una campaña de acoso, intimidación y violencia” contra los adversarios políticos (incluidos los activistas de derechos humanos) a quienes se define como “enemigos”. La acusación incluso responsabilizó a los paramilitares y las fuerzas de seguridad por llevar a cabo detenciones arbitrarias, torturas a los presos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Curiosamente, el Informe del Departamento de Estado es sumamente crítico de la situación de las libertades en España. El documento denuncia que “hubo múltiples informes de ataques verbales de funcionarios del gobierno contra determinados medios de comunicación y periodistas específicos.”
En particular se menciona, que el presidente de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, el 1 de marzo de 2020, acusó a los medios conservadores de “agitar a la sociedad” cada vez que los partidos que respaldan pierden una elección. El mismo día, señala el Informe “el vicepresidente segundo y Secretario General del partido Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que la prensa crítica con el gobierno había ofendido la dignidad del periodismo.”
El Informe también indica que en ese mismo mes el populista Iglesias amenazó con enviar a prisión a un periodista que denunció las prácticas corruptas “especialmente sobre su financiación”, comentarios que, afirma el texto, fueron inmediatamente condenados por la Asociación de Prensa de Madrid.
El Departamento de Estado considera que hay una presión política sobre la instrucción judicial en estos casos de corrupción: “El 11 de agosto, un juez de Madrid acusó formalmente a miembros destacados del partido Podemos de supuesta malversación de fondos públicos y fraude relacionados con la financiación de las formas de su sede y contratos de consultoría durante las campañas electorales de 2019”. Explica que la investigación parte de la denuncia de los ex abogados de Podemos, José Manuel Calvente y Mónica Carmena, sobre las “irregularidades económicas, incluida la adjudicación de la renovación de la sede del partido y el pago de sobresueldos a los miembros del partido” y que “Podemos estaba vinculado a Neurona Consulting, una supuesta empresa pantalla utilizada para desviar dinero a través de contratos realizados durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 y supuestamente para pagar comisiones al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.”
Además, el Informe señala la manipulación de la información por parte del gobierno español durante la pandemia denunciando “el formato de las conferencias de prensa del gobierno durante el estado de alarma decretado por el gobierno durante la pandemia del Covid 19. Los periodistas afirmaron que tenían que enviar todas las preguntas por escrito con anticipación a una oficina de comunicaciones del gobierno, que luego las trasmitía al ministerio correspondiente. Alegaron que no se transmitieron todas sus preguntas y que no pudieron entablar un diálogo directo con los funcionarios del gobierno. Más de cuatrocientos periodistas firmaron una carta abierta al gobierno bajo el título: “La libertad de preguntar” y exigieron un mayor acceso para preguntar a los funcionarios del gobierno. En Abril, el gobierno puso fin a su requisito de que las preguntas se envíen por escrito con antelación.”
Con respecto al gobierno populista de México, el Informe critica que partidarios del oficialismo lanzaron campañas en las redes sociales contra los periodistas que criticaron las conferencias de prensa diarias transmitidas en vivo por el presidente López Obrador.
Los periodistas que hicieron preguntas difíciles al presidente durante la conferencia de prensa diaria recibieron ataques a través de Twitter. Los tuits difundieron sus identidades y sus medios de comunicación y también hicieron amenazas veladas.
El documento menciona a la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), Sanjuana Martínez Montemayor impulsar la publicación de los tuits y eliminar informaciones sobre ciertas instituciones y funcionarios gubernamentales.
El informe lamenta la muerte o agresiones contra periodistas, especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones delictivas transnacionales, en respuestas a sus investigaciones. De enero a junio de 2020 se documentaron 406 ataques contra periodistas y medios, un aumento del 45% con respecto al mismo periodo de 2019. Funcionarios públicos fueron responsables por 199 de estos ataques.
Finalmente, con respecto a la Argentina kirchnerista, el Departamento de Estado afirmó que el país no cuenta con un sistema judicial robusto para contener la corrupción y señaló que “funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad.”
“Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, señala el informe estadounidense.
Luego el informe analiza los casos de violaciones de derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad y en esa materia consigna: “Si bien las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, persisten varios problemas, incluidos asesinatos y torturas a manos de la policía, corrupción, malas condiciones carcelarias y violencia antisemita”.
Finalmente, el Informe advierte a los gobierno cuestionados que “Usaremos todas las herramientas de nuestra diplomacia para defender los derechos humanos y responsabilizar a los perpetradores de abusos”, y señala que: “este informe es solo una forma de hacerlo.”
