Actualizado 19/10/2019 a las 16.46
Cuando se habla de la existencia de un Estado los politólogos suelen mencionar como requisitos esenciales del mismo a la población, el territorio y el poder. Así, por ejemplo, el alemán Max Weber decía, a finales del siglo XIX, que era una condición básica para hablar de Estado la existencia de un “monopolio de la autoridad central en la imposición de la ley y el ejercicio legítimo de la fuerza”.
En México, esta condición básica para que pueda existir un Estado ha quedado seriamente cuestionada el jueves pasado cuando las autoridades, tras la captura de un notorio jefe del narcotráfico, debieron dar marcha a tras y liberarlo debido a la ofensiva desatada por un auténtico “ejército criminal” que atacó empleando incluso armas pesadas.
A las 3.30 pm del jueves 17 de octubre, una fuerza del Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF), una organización conjunta de fuerzas federales y estatales estadounidenses, cumpliendo con un mandato del juez de distrito de los Estados Unidos, Rudolph Contreras, y contando con el apoyo de al menos treinta hombres de la Guardia Nacional de México y de la Secretaría de Defensa Nacional de ese país irrumpió en una vivienda del fraccionamiento de Tres Ríos, en Culiacán, en el norteño estado de Sinaloa.
Allí detuvieron a cuatro hombres, entre los que se encontraba uno de los diez hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Lorea, preso de por vida con cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Se trataba de Ovidio Guzmán López, Alias “El ratón”, uno de los tres hijos que “El Chapo” tuvo con su segunda esposa Griselda López Pérez. Ovidio es uno de los integrantes de la cúpula directiva del Cartel de Sinaloa.
Ovidio Guzmán López, junto con su hermano mayor Joaquín, enfrenta cargos en los Estados Unidos por tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana y de lavado de activos criminales. Estos cargos pueden derivar en una pena mínima de veinte años de cárcel.
El gobierno americano acordó con su par mexicano la detención y posterior extradición del peligroso jefe criminal.
Pero, al parecer en México una cosa es lo que se propone el gobierno y otra muy distinta lo que están dispuestos a tolerar los narcotraficantes, que parecen tener en el país una buena parte del poder real.
Ni bien los narcotraficantes conocieron la detención de Ovidio Guzmán López decidieron contraatacar inmediatamente al comando policial para impedir el traslado del “capo” a instalaciones carcelarias y su posterior extradición.
El contrataque estuvo a cargo de una bien entrenada fuerza irregular que contaba con armas pesadas de apoyo. Como por ejemplo, vehículos modificados, blindados artesanalmente y artillados con ametralladoras pesadas Browning M2 (que emplea el poderoso proyectil .50 o 12,7mm). Un arma que las fuerzas estadounidenses emplean en teatros de operaciones como el de Irak o Afganistán.
La Browning M2 es un arma que pesa 40 kg. (60 kg. si se considera el trípode) y tiene un rango de tiro de 1.800 metros como arma de infantería y 300 metros si se la emplea como arma antiaérea y su cadencia de tiro es de 500 proyectiles por minuto. Estos datos ilustras sobre el poder de fuego de que disponen los criminales mexicanos.
No obstante, los narcos no solo contraatacaron a las fuerzas que mantenían prisionero al hijo de El Chapo sino que montaron retener, obligando a los conductores a abandonar en el lugar sus automóviles, que luego fueron incendiados junto con vehículos de pasajeros, para formar un perímetro defensivo con 19 "narcobloqueos".
Pronto gruesas columnas de humo se elevaron en distintos puntos de la ciudad. Se suspendieron las clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa y la población se recluyó en sus viviendas.
Mientras tanto, un grupo de 51 reclusos de la prisión de Agurato aprovecharon la conmoción reinante para asesinar a dos guardia cárceles y darse a la fuga.
En toda Culiacán reinó el caos y el pánico. Ante la virulencia del ataque narco el Gabinete de Seguridad intimidado dispuso la inmediata liberación del jefe criminal detenido. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo justificó la decisión diciendo que “con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad cualiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordaron suspender dichas acciones”. Es decir que dispuso la liberación de Ovidio Guzmán López.
El presidente mexicano respaldó la decisión del Gabinete de Seguridad afirmando que “se ponderó la vida de los ciudadanos sobre el combate al crimen organizado”. Agregando: “yo le digo al pueblo de México que tengan confianza que no hay impunidad, porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridad. Está bien pintada la raya, la frontera.”
Triunfantes, los narcotraficantes incluso realizaron una conferencia de prensa en el Club de Periodistas de México, donde sus abogados, José Luis González y Juan Pablo Badillo Soto, en lo que parecía una auténtica burla agradecieron al presidente López Obrador por la humanidad manifestada con su decisión.
“Tenemos un presidente humano, cristiano, que finalmente no tomó la decisión de hacerle daño a Ovidio” señalaron los representantes legales de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán Lorea, agregando que: “Con gran sensatez y justicia el presidente Andrés Manuel (López Obrador), ordenó que se pusiera en libertad (a Ovidio Guzmán López)”.
Aunque el gobierno mexicano intente justificar su debilidad frente a los criminales, es evidente que resultaron derrotados por la violencia desatada por los narcotraficantes. Así lo dejó en claro, en forma irónica, el expresidente Vicente Fox en un Twitter: “Se les avisa por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos y sobrepasando a las autoridades en Culiacán se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al pueblo, que vive feliz, feliz.”
El Cartel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, es una organización criminal dedicada al narcotráfico e instalada principalmente en el llamado “Triángulo Dorado”, una región comprendida por Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde se cultiva especialmente la amapola-.
El Cartel de Sinaloa extiende sus actividades por la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con los Estados Unidos. Esta organización compite en esta actividad criminal nacional e internacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación con quien mantiene una guerra por territorios y negocios criminales. Tras haber librado guerras con otros grupos de narcotraficantes apoderándose de los territorios que antes dominaban los cárteles de Juárez y Tijuana, hoy prácticamente desaparecidas.
El mando visible de la organización criminal es Ismael Zambada, alias “El Mayo”, máximo líder desde la captura y extradición a Estados Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Lorea. El Mayo Zambada es secundado por “Los Chapitos”: Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López, alias “El ratón” y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Alfredillo”, los hijos de El Chapo que se consolidaron en la conducción del grupo con el apoyo del nuevo capo.
El Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más importantes del mundo que posee contactos que le permiten adquirir armas y drogas en Asia y América Latina para luego enviarlas a Estados Unidos. Mantiene vínculos con grupos criminales de Colombia como las disidencias de las ex FARC, el Clan del Golfo y el Ejército Popular de Liberación. En Europa realiza negocios traficando drogas y armas empleando las rutas clandestinas que pasan por el África Occidental. En esta forma ha diversificado sus mercados para no depender de sus negocios en los Estados Unidos.
Esta es la organización criminal que ha logrado doblegar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sembrar el pánico en México provocando ocho muertos, 16 heridos y la evacuación de más de mil personas en la zona de los incidentes.
