A lo largo del tiempo, el peronismo ha demostrado una singular vocación de poder que lo ha llevado además de otras formas antidemocráticas a impulsar una suerte de golpes de Estado civiles, al menos en dos ocasiones.
La primera de ellas fue en 1989, cuando una vez electo Carlos S. Menem, los peronistas desestabilizaron de tal manera al país que el presidente radical Raúl Alfonsín debió “resignar” su cargo seis meses antes del fin de su período presidencial.
De acuerdo con un estudio hecho por la Fundación Nueva Mayoría?, durante la hiperinflación de 1989, tuvieron lugar 676 saqueos de comercios de alimentos entre el 16 de mayo de 1989 y el 9 de julio del mismo año. De ellos 433 fueron en mayo, 164 en junio y 79 en julio. Los saqueos y disturbios se dieron en todo el país, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, dejando un saldo de 14 muertos y 80 heridos. En tanto que la inflación en el último mes de Alfonsín alcanzó al 95,6%.
La historia se repitió en diciembre de 2001 cuando el presidente Fernando De la Rúa fue erosionado y desestabilizado de tal manera que debió dejar su cargo dos años antes del fin de su mandato. Es cierto que De la Rúa no dejó errores sin cometer, como el alejar a su vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y poner al frente de la economía a Domingo F. Cavallo.
Pero el país terminó pagando un alto costo para que el peronismo volviera al poder en la figura del caudillo bonaerense Eduardo Duhalde. La crisis económica y política terminó con la convertibilidad y en la devaluación siguiente los ahorristas en dólares perdieron más del 33% de su capital. El país cayó en la recesión, el gobierno redujo los salarios de los trabajadores del Estado y las jubilaciones en 13%, la clase media además fue castigada con la imposición del I.V.A. a la televisión por cable, la medicina prepagada, la educación privada, etc.
La mitad de los argentinos cayeron por debajo de la línea de la pobreza y los más afectados comenzaron a alimentarse con las sobras que tiraban los restaurantes. Se multiplicaron los comedores populares en iglesias y asociaciones diversas. Algunos argentinos comenzaron a vivir de la basura que otros descartaban: habían nacido los “cartoneros”.
Las organizaciones sociales se apropiaron de las calles y ya no las dejaron nunca más. Los piquetes y cortes de rutas y calles se hicieron endémicos.
En los incidentes por todo el país que precedieron a la renuncia de Fernando De la Rúa murieron en las calles 39 argentinos. En un mes se alternaron en el “sillón de Rivadavia” cinco presidentes. Ese fue el precio que la Argentina pagó para que Eduardo Duhalde fuera presidente.
La llamada “marcha de los gerentes”, los autoconvocados que el sábado 25 de agosto ocuparon las plazas y calles de todo el país sin que nadie los llevara, les pagara por ir o les diera un “choripán”. Gente que solo agitaba banderas argentinas, entonaba el himno nacional o coreaba la consigna de “Sí, se puede”, despertó la alarma en el kirchnerismo.
Los kirchneristas sintieron que los gorilas de clase media estaban profanando el “santuario popular” de la Plaza de mayo. Ese lugar sagrado que pertenecía exclusivamente a Perón, Evita o la “Jefa”. Allí donde las “madres” habían desafiado con sus marchas a la Dictadura.
Los burgueses no tenían nada que hacer allí, tampoco podrían torcer con su voto la “voluntad popular”.
Había que poner fin a la contraofensiva neoliberal y Alberto y los muchachos de La Cámpora comenzaron a implementar una estrategia de respuesta asustando a los mercados y recuperando el control de la calle para detener cualquier intento de recuperar la iniciativa política por parte de los neoliberales.
La reunión con los funcionarios del FMI, el lunes 26, brindó el escenario propicio para el inicio de la campaña. Alberto Fernández aprovecho la ocasión para responsabilizar al acuerdo con ese organismo de deteriorar la situación macroeconómica argentina y amenazó con aceptar una generosa oferta de financiamiento que le había llegado desde Beijing.
Los mercados espantados interpretaron inmediatamente que la Argentina se encaminaba hacia un nuevo default y reaccionaron en consecuencia. El dólar se disparó superando los $60 y el riesgo país llegó a los dos mil puntos.
Mientras tanto la izquierda combativa y los piqueteros del amigo y operador del papa Francisco, Juan Grabois, colapsaron el centro porteño con sus columnas rebosantes de banderas y pancartas rojas y wiphalas andinas pero carentes de banderas argentinas recorriendo las calles. Las columnas de las organizaciones sociales mostraban una sólida y abundante logística, numerosos micros y camiones, camisetas, globos, bombos y viandas.
La campaña de difundir caos siguió con ignotos economistas haciendo circular en entrevistas de radio y televisión versiones de que los funcionarios del FMI habían solicitado el adelantamiento de las elecciones generales y, luego, de que el organismo financiero internacional no desembolsaría el último tramo del préstamo, unos U$S 5.400 millones de dólares, acordado con el gobierno.
El presidente Macri apeló a medidas de emergencia: reemplazó al cuestionado ministro de Economía Nicolás Dujovne por Hernán Lacunza. Apremiado por las circunstancias el nuevo ministro comenzó a quemar reservas para contener al dólar y con mucho dolor abandono su disciplina económica y anunció un “reperfilamiento” parcial de la deuda pública en activos locales y en títulos públicos en dólares lo que le permitió un ahorro en dólares de 12.000 millones, y el inicio de negociaciones para reprogramar los desembolsos previstos con el FMI.
Un par de días después, el gobierno también obligó a los bancos que operan en Argentina a pedir autorización previa al Banco Central para poder girar utilidades (en dólares) fuera del país.
Las consultoras de riesgo calificaron las medidas inmediatamente como “default” selectivo de la deuda.
La oposición kirchnerista y sus aliados en la Iglesia no estaban dispuestos a darle tregua al gobierno. Alberto Fernández multiplicaba sus contactos con empresarios, economistas y políticos prometiendo ventajas, asegurando a cada sector que su gobierno no tocaría sus intereses y ofreciendo cargos y embajadas. El candidato puede hacer amplios ofrecimientos sabiendo muy bien que quien definirá el futuro gabinete nacional, si es que gana, será en realidad la “Jefa”: Cristina Fernández de Kirchner…
Seducidos por esos ofrecimientos el economista y aún candidato presidencial Roberto Lavagna y la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica demandaron al presidente Macri que “disponga las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en Argentina”, creando la sensación en el mundo de que Argentina era una nueva Venezuela.
Mientras tanto, Alberto Fernández en una entrevista con el diario estadounidense “The Wall Street Journal” arrojaba más nafta al fuego económico al declarar que la Argentina “está en un default virtual y escondido”.
“Lo que quiero que entiendan en el FMI es que son culpables de esta situación […] Fue un acto de complicidad con la administración Macri. Fue la campaña de reelección más cara de la humanidad, y le dieron dinero a un gastador compulsivo”, agrego el candidato kirchnerista.
Para colmo de males, desde el propio oficialismo algunas voces innecesarias lanzaban algunas declaraciones imprudentes buscando protagonismo sin medir el daño que causaban.
El senador radical por Mendoza, Julio Cobos, encontró muy oportuno hablar de buscar “otra alternativa” en referencia a la imposición de medidas de control de cambios para terminar con la corrida hacia el dólar.
El clima de incertidumbre que estas declaraciones incendiarias provocaban y las versiones sobre un posible “cepo” cambiario desataron el pánico de algunos pequeños ahorristas que concurrieron a los bancos para retirar depósitos.
Al kirchnerismo le sería muy conveniente que Macri, antes de dejar el gobierno en diciembre, declare el default de la deuda externa y reinstale el “cepo” al dólar que, entre 2011 y 2015, impusieron Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía Axel Kicillof. En esta forma Alberto Fernández evitaría pagar el costo político de esas impopulares medidas.
A estas alturas, es importante comprender que la crisis ha dejado de ser económica para transformarse en política y de credibilidad.
Este es el momento oportuno para que el presidente Mauricio Macri envíe claras señales de que esta ejerciendo el comando del país y que peleará día a día, voto a voto, para revertir los resultados adversos de las PASO. Pero si no retoma rápida y decididamente la iniciativa política estará pedido y la Argentina seguirá su derrotero hacia el caos.
