Buenos Aires, 7 de julio de 2019
La república Democrática Popular de Argelia ha perdido toda forma de legalidad institucional. El pasado 22 de febrero comenzaron las protestas callejeras contra una nueva reelección del presidente Abdelaziz Bouteflika. El anciano mandatario, de 82 años, prostrado en una silla de ruedas, sin poder hablar, y con veinte años en el poder. El 2 de abril el presidente desistió de una nueva candidatura y renuncio a su cargo. Lo reemplazó, según establecía la constitución argelina, el presidente del Senado, Abdelkader Bensalah, un notable miembro del régimen de Bouteflika.
Sin embargo, el texto constitucional otorga un plazo para la convocatoria a elecciones presidenciales y la normalización institucional del país.
En un principio, las elecciones fueron programadas para efectuarse el 4 de julio. Pero, luego el presidente provisional las suspendió sin fecha. Como el plazo para duración del gobierno previsional vence hoy domingo 7 de julio y la Constitución no esclarece cual es el siguiente paso en caso de que los comicios no se realicen.
El verdadero poder en el país es el Ejército y lo ejerce su Jefe de Estado Mayor y ministro de Defensa, mayor general Ahmed Gaïd Salah (74).
Estos cambios cosméticos no han sido suficientes para conformar a los jóvenes manifestantes que todos los viernes recorren las calles céntricas de Argel y otras ciudades al grito de “yatnahaw ga” (que se vayan todos) y demandan que, en un plazo de seis meses, autoridades realmente independientes convoquen a elecciones libres que permitan la formación de un gobierno auténticamente democrático.
Jaqueado por la “hirak” de los jóvenes en las calles, Bensalah, anunció el 4 de julio, el lanzamiento de un diálogo liderado por personalidades independientes sin la participación del gobierno o del Ejército para debatir sobre la forma de implementar las próximas elecciones presidenciales.
El principal obstáculo para la concreción de una salida electoral a la crisis es la incapacidad de la élite dirigente de encontrar un reemplazo a Bouteflika que contemple los intereses de los cuatro sectores que se reparten el poder en Argelia: el Ejército, los servicios de inteligencia y seguridad, los “hombres de negocios” cuya influencia se incrementó notablemente durante los últimos veinte años en que gobernó el anciano dictador; y los socios extranjeros occidentales, en especial, Francia, España e Italia.
Además, el candidato elegido debería ser aceptable al menos para un sector de la población que demanda cambios: menos corrupción, más democracia y mayores libertades.
Por el momento, el general Salah y la cúpula gobernante han optado por desprenderse de las figuras más desgastadas e impopulares del régimen de Bouteflika.
Comenzando por el encarcelamiento del hermano menor del depuesto presidente, Said Bouteflika (61), el ex ministro de Defensa Khalde Nazer, el antecesor de Bouteflika y fundador del partido oficialista Reagrupación Nacional para la Democracia, Liamine Zeroual, los antaño todo poderosos jefes de los servicios de inteligencia generales Athman Tartag, alias “Bachir”, y Mohamed Medienne, alias “Tawfik”, director del DRS, el ex primer ministro Ahmed Ouyahia, el ex gobernador del Banco Central y ministro de Finanzas, Mohamed Loukal y el empresario Ali Haddad, director ejecutivo de la empresa constructora ETRHB, principal concesionaria de obra pública del país, y director de la central patronal argelina.
El 5 de julio le llegó el turno de responder ante la justicia al mayor general en retiro Abdelghani Hamel (64), antiguo jefe de la todopoderosa DGSN -Dirección General de Seguridad Nacional-, el organismo de policial y de inteligencia interior de Argelia, entre 2010 y 2018.
El 26 de junio de 2018, después de la incautación de un gran embarque de 710 kilogramos de cocaína frente a las costas de Orán, el general Hamel fue destituido en medio del escándalo por un decreto presidencial firmado por Bouteflika. Pero no se tomaron otras medidas contra él. Hamel responsabilizó del hecho a su propio chofer, un miembro de bajo rango de la DGSN.
Ahora, Hamel, dos de sus hijos varones y otras nueve personas fueron arrestados con relación a este caso y con cargos de enriquecimiento ilícito, actividades ilegales y tráfico de influencias. Los detenidos se encuentran procesados por el tribunal de Sidi M’hamed y encarcelados en la prisión de El Harrach.
Este último caso, es de particular interés para Argentina. El embajador de Argelia en Buenos Aires, Benouda Hamel, decano del cuerpo diplomático africano en el país, es hermano del general encarcelado quien era también su principal aval político en Argel. En consecuencia, no resultaría extraño que se produzcan cambios en la representación diplomática argelina en el país.