Los actos terroristas tienen historia y vigencia en nuestro país, han escrito con sangre los nombres de un gran número de víctimas; por lo tanto, las organizaciones dedicadas al flagelo, sus métodos y su financiamiento deberían ser una constante entre nos requerimientos de inteligencia criminal.
En cualquier país civilizado del mundo, a las organizaciones que utilizan el terror para obtener una finalidad política, se las denomina y encuadra criminalmente como "terroristas". Estas, para instalar el terror, miedo, pánico, pavor, horror, espanto o atrocidad, recurren a los secuestros, bombazos, asesinatos, toma de rehenes, atraques de vehículos o aeronaves, incursiones o ataques a instalaciones, sabotajes, engaños, uso de tecnología, intimidaciones, hasta la simple amenaza. Todo desde el anonimato y la marginalidad.
Algunos de estos de estas tácticas o métodos, ya se registraron en nuestro país, considerando el atentado y muerte del entonces jefe de la Policía, Coronel Ramón Ramón Falcón en 1909, los crímenes y ataques de las organizaciones guerrilleras en la década de los 70, los desastres de la Embajada de Israel en 1992 y de la AMIA en 1994. También, algunos de estos métodos fueron utilizados por el mismo Estado, durante los gobiernos de factos, como respuesta al enemigo invisible.
Siguiendo los datos de wikipedia, los números de acciones terroristas de las bandas subversivas son muy considerables y no se deben omitir. "Según la Policía Federal entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 138 hechos delictivos protagonizados por los grupos guerrilleros contra civiles, 9 secuestros y 3 atentados. Según la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 20 homicidios de civiles y, según el Ejército Argentino, entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 21642 acciones de la guerrilla: 5215 atentados explosivos, 1052 atentados incendiarios, 1311 secuestros de artefactos explosivos y 132 secuestros de material incendiario, 2013 intimidaciones con arma, 252 actos contra medios de comunicación social, 1748 secuestros, 1501 asesinatos, 551 robos de dinero, 589 robos de vehículos, 2402 robos de armamentos, 36 robos de explosivos, 111 robos de documentos, 17 robos de uniformes, 19 robos de material de comunicaciones, 73 robos de material sanitario, 151 de materiales diversos, 20 copamientos de localidades, 45 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad, 22 copamientos de medios de comunicación social, 80 copamientos de fábricas, 5 copamientos de locales de espectáculos públicos, 3014 actos de propaganda, 157 izamientos de bandera y 666 actos intimidatorios.”
Paralelamente, conforme al "Nunca más", informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, o simplemente Nunca más, se pudieron rescatar las situaciones de 9.861 personas desaparecidas a consecuencias del terrorismo de Estado, ejercido por la dictadura del gobierno militar. Aunque se aclaró en su oportunidad, que esta lista quedaba abierta, su número sufrió poca modificación.
También las organizaciones terroristas internacionales dejaron huellas profundas en Argentina. Durante el atentado a la Embajada de Israel en marzo de 1992, perecieron 22 personas y más de 200 sufrieron diversas heridas; posteriormente en 1994, otro bombazo destruyó la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el 18 de julio de 1994; fue uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en territorio argentino, con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas, y el mayor ataque contra objetivos judíos desde la Segunda Guerra Mundial.
En el 2018, las páginas de violencia se siguieron escribiendo, con amenazas de bombas a escuelas y colegios, a terminales de transportes de concurrencia masiva (aéreas, trenes y ómnibus), en el Congreso de la Nación, ataques con bombas tipo "caño" a las mutuales de Gendarmería Nacional de la ciudad de Córdoba y de CABA, en el Cementerio de La Recoleta en el panteón del Coronel Falcón.
Es decir, tenemos sobradas muestras que en nuestra sociedad existen organizaciones delictivas que utilizan los tradicionales métodos terroristas. Esto es así porque estas bandas, cuentan con las técnicas de preparación de los temibles explosivos, el fácil acceso a los insumos para los dispositivos de tipo caseros, incendiarios o de fragmentación como los caños y cuentan con los recursos para su financiación. Además, conocen la incapacidad de prevención y de investigación del Estado.
En cuanto a los procesos instructivos de preparación de explosivos artesanales, su difusión se ha hecho masiva a través de internet, pero también por otros medios; como por ejemplo, la ficha "Elaboración y Manejo de Explosivos", del Cursillo de Resistencia Popular; supuestamente originado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Capacitación que habría surgido en el año 2008 y que se hizo público no hace mucho; es realmente un minucioso y detallado manual instructivo para la obtención de insumos y la confección de una variedad de dispositivos explosivos.
Si bien puede existir cierto escepticismo sobre el verdadero origen de la mencionada cartilla, su organización de contenidos no deja dudas respecto a la intención de dotar al lector o alumno de conocimientos para elaborar instrumentos de imposición del miedo. La cartilla es una "maquina de enseñanza del terror"; por ello, su difusión, debería ser considerada una forma de "apología" o "promoción" de este aberrante delito. Esta apreciación, se fundamenta en que cualquier organización, para que pueda alcanzar sus fines y objetivos, necesita una estructura formativa de sus integrantes; es esta estructura la que les dará capacidad operacional. Tal cual ocurre, salvando la abismal diferencia, con las fuerzas de seguridad de cualquier Estado; sin formación y adoctrinamiento están destinadas al fracaso.
Otro aspecto grave de la difusión de las técnicas del terror es que lo haga una universidad; cuando cualquier institución de estudio de nivel superior, debe responder a los fines establecidos por la Ley 24521, que son: Dar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel. Conservar la cultura nacional. Generar y desarrollar conocimiento en todas sus formas. Desarrollar actitudes y valores de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, respetar al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático. Formar científicos, profesionales y técnicos con sólida formación y compromiso con la sociedad de la que forman parte. Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Promover el desarrollo de la investigación y las creaciones artísticas, para lograr el desarrollo científico, tecnológico y cultural de la Nación. Garantizar niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del sistema. Profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades. Promover variedad en los estudios de nivel superior, con atención a las necesidades de la población, del sistema cultural y de la estructura productiva. Por tanto, la enseñanza de métodos terroristas no puede encuadrarse entre las metas fundamentales de una universidad.
Estas tácticas fueron utilizadas por las bandas terroristas en la década de los 70; organizaciones reivindicada por Hebe Pastor de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo y titular de la fundación homónima. Ahora, si bien las instrucciones de la cartillas, pueden ser utilizadas en el denominado terrorismo callejero, la táctica para calentar la calle, mantener en alerta a las fuerzas de seguridad, demostrar debilidad del gobierno, generar caos en algún sector de la ciudad, con bajo nivel de víctimas fatales, es terrorismo y ante tal se debe ser implacable en la aplicación de la ley.
El origen de este Manual debería determinarse y sancionarse legalmente a sus autores o responsables; también conocer la circulación que tuvo este u otro similar, las actividades de algunos grupos con antecedentes o tendencias terroristas, la comercialización de ciertos insumos químicos, de materiales explosivos. Diría que la inteligencia criminal tiene bastante trabajo en este factor delictivo. Para ello se cuenta con los encuadres legales de la Ley 25520, el Código Procesal Penal y el Código Penal de la Nación. Es fundamental neutralizar localmente la adquisición de conocimiento sobre las aberrantes metodologías, negar el acceso a los materiales críticos y tener inteligencia básica disponible sobre los probables delincuentes.
Hasta tanto, frente a esta situación, a las hechos concretos causados por terroristas durante el 2018 y a un sector de la sociedad, entre ellos a políticos, que minimizan o niegan las capacidades locales instaladas en esta modalidad delictiva, habría que pensar que existen condiciones favorables para que las organizaciones internacionales concreten cualquier acto de magnitud, sobre algún blanco argentino de alto impacto político, con el apoyo de estos grupos locales.
Entonces, es necesario demostrar que Argentina tiene doctrina y políticas de seguridad antiterroristas bien definidas y contundentes, que no es un país vulnerable al terrorismo y este cambio de imagen se debe iniciar hacia el interior, con las organizaciones terroristas nacionales.-
