Los sucesos que estamos viviendo un día tras otro nos hacen ver que estamos en un proceso de cambio de ciclo en lo político, y no solo en lo político. Es el tramo final de una cultura cívica que se extendió por toda la sociedad.
El franquismo acuñó aquello de España es diferente. En otros lugares o tiempos los cambios se producen, bien de formas tumultuosas e incluso violentas, o con vuelcos electorales en democracia, o a las bravas, los golpes de Estado. En España puede empezar a cambiar con una “masterbación”, como ha definido con ironía y acierto un humorista estos días.
Los procesos de corrupción, pues de corrupción en definitiva hablamos, han terminado a lo largo de la historia de manera patética y chusca.
Recordemos al Duque de Lerma que se hizo nombrar cardenal para no ser ajusticiado por corrupción (“Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado” cantaba “el populacho “por las calles de Madrid).
El “máster trufado” de Cristina Cifuentes, las ininteligibles explicaciones de unos y otros llenas de medias verdaderas para “reconstruir” una gran mentira, no son capaces de convencer ni a propios ni extraños. Y a partir de ahí unas estrategias políticas inconfesables.
Rajoy de lo que parece estar convencido es que su discípula debe cocerse en su propia salsa para eliminar una posible rival y el tiempo ya proveerá.
Ciudadanos está convencido de la mentira, pero embriagado de egoísmo político calculado, muestra total desinterés en que las cosas cambien. Decepcionante. Esperan que, sin jugar, la tragaperras escupa el gran premio. Las comisiones de la verdad son excusas para ganar tiempo cuando cada diez minutos aumenta la bola de la indignidad y la falta de respeto a los ciudadanos. Sin embargo, han optado por sumarse a la repudiable política espectáculo de una comisión que solo servirá para que los declarantes se pongan a caldo delante de las cámaras de televisión, sin mayor pudor, para salvar su trasero; y entre tanto, que los espectadores coman palomitas pensando en lo degradado que está todo.
Es decepcionante que los que se autoproclaman como regeneradores de la política antepongan sus intereses partidarios a la dignificación de las instituciones por el sistema previsto. El hambre electoral pone en entredicho cualquier credibilidad sobre la sinceridad de sus propuestas de regeneración y por ende todas las demás.
Es de esperar que los operadores mediáticos y financieros económicos que vienen apostado por Rivera, sin mayores consideraciones, reparen en la poca fiabilidad del personaje, pues modelos “obsesión poder” no llevan muy lejos. Levanten el teléfono para decirle: “No Albert este no es el camino, queremos sustituir una derecha que se nos ha podrido, por una derecha seria, no por otra que conviva igualmente a gusto con la corrupción”.
Hay que hacerle ver que el daño producido a la Comunidad Universitaria también requiere una respuesta patriótica, nos estamos jugando el prestigio de la calidad de la formación y de su capital humano para fundamentar el desarrollo de España. La ostentación de banderas e himnos al viento se convierte, si no, en algo parecido a sacar a pasear papel higiénico de colores y lanzar ripios desafinados. Las instituciones públicas madrileñas y las españolas merecen el máximo respeto si queremos ordenar sobre ellas nuestra convivencia. Este puede ser el momento de empezar a caminar hacia arriba y dejar seguir colgados del abismo.
No creo que nadie dude de que Madrid ha sido, durante más de veinte años de gestión política del Partido Popular, un territorio donde todo podía valer ya fuera falsear contratos públicos, pagar comisiones a amigos, lucrar a la familia, saquear los fondos públicos de las empresas de los ciudadanos…; así como una economía del negocio facilón, donde se ha llegado a invertir en infraestructuras para las constructoras y no para los ciudadanos, por ejemplo.
La moción de censura no es “un reparto de sillas”, no es una usurpación del poder político. Es sencilla y legalmente la obligada exigencia de responsabilidad política al Gobierno por parte de los legítimos representantes de la ciudadanía.
Es un deber democrático. La quiebra de la dignidad de las instituciones, de la legitimación moral, producido por un cumulo de sucesos encadenados a lo largo de años tiene que tener un punto de inflexión conforme a los sistemas previstos en el ordenamiento para ello. La motivación es de fácil entendimiento: romper con un pasado oscuro plagado de mentiras y desfalcos fundamentados en un hábito de ejercer el poder de forma patrimonialista y ventajista. Una censura por la dignidad, el respeto y la regeneración como se ha dicho. Y poéticamente, comenzar a cambiar el rumbo de fango y oscuridad y caminar por un sendero de transparencia y luz. Esto es, solventar los graves problemas cuando estos no solo no encuentran solución, sino que se agravan y ello haciendo uso de la racionalidad democrática y la legalidad.
Rivera sacó pecho por haber sido paladín en la aplicación del artículo 155 de la CE para restablecer la legalidad constitucional en Cataluña, y ahora se muestra remiso de hacer valer el artículo 20 del Estatuto Autonomía para restablecer la moralidad pública. Las contradicciones en la actuación y los discursos vacíos van siendo hechos demostrables.
En diferentes medios de opinión el PSOE fue criticado con dureza por una inicial remisión a la aplicación del precepto constitucional y cuando su postura fue inequívoca ante el proceso secesionista se criticó lo contrario, por su seguidismo al gobierno. Ciudadanos sin embargo ha tenido todos los beneplácitos de los opinantes por su rotundidad dialéctica en el restablecimiento de la ley. Ahora no parece que esos medios vayan a presionar con la misma intensidad que hicieron con los socialistas para que la formación naranja frene el deterioro institucional madrileño. Hay que ser conscientes de que si el despropósito catalán es de una gravedad extrema la tomadura de pelo madrileña no le anda a la zaga.
Si malo es intentar romper el estado, dejarle corromperse hasta su inutilidad no es mucho mejor. Todo ello se realimenta.
