Los plazos se acortan en Cataluña. Mañana a las 10 horas vence el plazo dado por el gobierno central para que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, responda si ha declarado la independencia y haga cesar esa situación ilegal.
A medida que el plazo comienza a agotarse los ánimos están cada vez más caldeados en la Autonomía. Especialmente después de la detención sin fianza de los líderes independentistas Jordi Cuixart, responsable de Òmnium Cultural, y Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, por orden de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Ayer una manifestación en contra de la independencia reunió a miles de personas en el centro de Barcelona.
Hoy el Govern y los partidos secesionistas han adoptado medidas para el caso de que Rajoy decida implementar el Artículo 155 de la Constitución española e intervenga la Autonomía y detenga a sus dirigentes.
El presidente del Govern ha dejado provisionalmente su vivienda en Girona para instalarse en la residencia oficial del Palau de la Generalitat. Además, desde hace unos días, cuenta con un dispositivo de protección reforzada en el que participan agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), la unidad de élite de los Mossos d´Esquadra.
Hasta ahora, salvo en contadas excepciones, Puigdemont se trasladaba diariamente a Barcelona para atender sus obligaciones desde su domicilio en el municipio gerundense de Sant Julià de Ramis, situado a siete kilómetros al norte de la capital de la provincia. Allí durmió, por ejemplo, la noche anterior al referéndum independentista del 1 de octubre. Sin embargo, ante el rumbo de los acontecimientos, el jefe del Ejecutivo catalán ha preferido mudarse al Palau de forma temporal. En el ala este del edificio, en pleno barrio gótico de Barcelona, se encuentra la Casa dels Canonges (Casa de los Canónigos), la residencia de los presidentes de la Generalitat. En sus habitaciones se alojaron Francesc Macià, Lluís Companys y Josep Tarradellas. Sus sucesores únicamente usaron la vivienda de forma ocasional. Puigdemont ha decidido convertirla ahora en su residencia oficial.
A esa medida de protección personal se suma el incremento del número de agentes que se encargan de su escolta. Hasta el momento, el núcleo de su dispositivo de seguridad lo conformaban exclusivamente efectivos del Área de Personal, una sección de la policía autonómica integrada por unos 150 hombres especializados en la custodia de personalidades. Pero la sensación de intranquilidad que experimenta el Govern por su desafío al Estado de derecho ha llevado a los Mossos a redoblar la seguridad de Puigdemont con la incorporación de agentes del GEI, la sección de operaciones especiales del cuerpo.
Se trata de una medida absolutamente excepcional. La labor de estos efectivos está consiste en realizar tareas de contravigilancia para prevenir una posible agresión y, sobre todo, intentar detectar la presencia o seguimientos de agentes de otros cuerpos policiales o de inteligencia.
Los efectivos del GEI están específicamente adiestrados para intervenir en operaciones que impliquen un alto grado de riesgo, lo que da una idea del horizonte que maneja el Ejecutivo catalán. El Departamento de Interior de la Generalitat, del que dependen los Mossos, ha decidido que la unidad proteja a Puigdemont durante las 24 horas del día.
El refuerzo de la custodia del “president” también podría tener carácter preventivo. El Ministerio del Interior español mantiene desplegados en Cataluña, dentro del contingente de efectivos que ha trasladado desde el resto de regiones de España, a dos comandos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional (una decena de agentes) y doscientos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, las unidades de élite de ambos cuerpos. El motivo de su envío a Cataluña es reducir al mínimo el tiempo de respuesta en caso de que un tribunal ordene la detención de altos cargos de la Generalitat y el Parlament, y los servicios de esas secciones policiales sean requeridos.
Al tratarse de personalidades con escolta, el GEO y el GAR tendrían que intervenir en su arresto.
Las alarmas del Govern ya saltaron el pasado martes cuando Puigdemont concurrió en la Cámara autonómica para proclamar la declaración unilateral de independencia (DUI) y suspenderla ocho segundos después. Ante el temor a que el acto pudiera ser interrumpido por las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Departamento de Interior blindó el Parlament y el parque de la Ciudadela con decenas de “mossos”.
Agentes armados recorrieron el interior de la sede legislativa y efectivos antidisturbios rodearon el edificio durante el tiempo que se prolongó la sesión. Asimismo, se establecieron controles en los accesos al recinto.
El GEI fue fundado en 1984 y tiene su base en el complejo Egara, el cuartel general de los Mossos en Sabadell (Barcelona). En la actualidad, cuenta con unos 40 agentes entrenados para actuar en operaciones de alto riesgo, como misiones de rescate y dispositivos antiterroristas. Disponen del armamento y el material de autoprotección más sofisticado del cuerpo, como fusiles de asalto HK G36, SCAR L y HK MP7 y fusiles de precisión del calibre 308 Winchester y 338 Lapúa Magnum. Según una versión, en mayo de 2016, el Govern realizó una importante adquisición de fusiles y balas para sus francotiradores.
Además, el GEI se mueve en vehículos y furgonetas camufladas de gran potencia y utiliza los helicópteros de la Generalitat.
El pasado enero, la Generalitat sacó a concurso 24 nuevas plazas de ingreso en el GEI justificándolo en la necesidad de ampliar su plantilla por la activación del nivel 4 de amenaza terrorista.
Los miembros del GEI suelen participar en maniobras conjuntas de capacitación con los GEO de la Policía Nacional.
Los integrantes de ambos cuerpos de elite podrían encontrarse ahora, cara a cara, si un juez ordena la detención de Puigdemont.
No obstante, aún está abierta la posibilidad de que prime la cordura y que los españoles resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y no por medio de la violencia.
