Verano sin plata en Argentina mientras el gobierno del liberal Javier Milei libra una dura contienda contra la clase política y sindical que se atrinchera en sus privilegios e intenta frenar sus reformas.
Después de un año en que han debido concurrir a las urnas tres o cuatro veces y hacer frente a una inflación del 220%, la más alta desde la hiperinflación de 1990, a comienzos del gobierno de Carlos S. Menem, los argentinos se disponen a comenzar sus vacaciones o algo así.
Es el inicio de un duro y largo verano. La justicia ha interrumpido su actividad debido al mes de feria de enero. Los programas periodísticos de opinión o bien suspendieron sus emisiones hasta los primeros días de marzo o los periodistas y conductores más prestigiosos y de mayor audiencia han tomado vacaciones y dejado en su lugar a sustitutos. Aún las series televisivas en los canales de pago han apelado a repetir sus programas del año pasado, guardando las nuevas temporadas para más adelante.
En un proceso político en que los tiempos son esenciales, la Argentina es hoy un país que se desacelera entrando en un prolongado letargo que se prolongará hasta el 1° de marzo cuando el presidente inaugure las sesiones del congreso y comiencen las clases en las escuelas y colegios secundarios. Las universidades no iniciaran las clases regulares hasta la primea semana de abril. Argentina no comenzará el año hasta después del feriado de la Semana Santa, que este año precede al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril.
Para esa fecha el gobierno espera contar con fondos frescos provenientes de las exportaciones agrícolas para aliviar en parte su situación económica.
Los argentinos vacacionan o lo intentan en medio de las duras medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
La política de shock aplicada por Milei implica un coctel de supresión de subsidios a las tarifas de los servicios públicos (gas, agua y electricidad), combustibles, transporte público, devaluación del peso, reestructuración del Estado suprimiendo dependencias y despidiendo empleados contratados, reducción de planes sociales y supresión del control de las organizaciones piqueteras sobre estos, entre otras medidas.
Mientras la población intentar asimilar las medidas económicas y vacacionar como puede y por el tiempo que puede, políticos y sindicalistas se aprontar a resignar sus vacaciones este verano.
La Resolución 943/2023, del ministerio de Seguridad un protocolo para el mantenimiento del orden público destinado a “evitar los cortes de la circulación de vehículos en la vía pública por piquetes y manifestaciones callejeras, resguardando derechos protegidos por las normas constitucionales, al habilitar que las expresiones de protestas se realicen sobre las veredas”, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, ley ómnibus de 351 páginas y 664 artículos, los tienen a mal traer.
Además, el presidente convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para el mes de enero cortándoles el receso estival.
En realidad, los legisladores, políticos y sindicalistas no trabajaron mucho durante el último año.
La Cámara de Diputados sólo sesionó en cuatro ocasiones y aprobó una sola ley. Mientras que los sindicalistas peronistas nucleados en la CGT se olvidaron de hacer paros generales durante los últimos cuatro años pese al continuo deterioro de la situación económica de los trabajadores y el incremento generalizado de la pobreza que supero al 43% de la población. En esta forma los sindicalistas peronistas permitieron que Alberto Fernández sea junto a Juan D. Perón los únicos presidentes en la historia argentina que nunca sufrieron un paro general.
Las únicas movilizaciones convocadas por los sindicalistas fueron para apoyar la candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, quién fue responsable por la escalada de la inflación y la devaluación del peso frente al dólar, en los últimos años.
Ahora, Milei amenaza los privilegios de que gozan quienes constituyen “la columna vertebral del movimiento peronista” desde 1946: los aportes “obligatorios” que todos los trabajadores argentinos deben hacer a los sindicatos, la afiliación obligatoria a las obras sociales sindicales para tener beneficios médicos y su reemplazo por la libre posibilidad de afiliarse a empresas privadas de medicina prepaga y la supresión de las convenciones paritarias.
Las convenciones paritarias son negociaciones entre las centrales sindicales y patronales a los efectos de establecer los nuevos incrementos salariales. Los gremios cobran del Estado una tasa por representar a los trabajadores en estas negociaciones. Además, es una oportunidad para que los líderes sindicales aparezcan como combativos y apliquen su “poder de fuego” (es decir, su capacidad de paralizar al país con una huelga si sus demandas no son atendidas) para obtener aumentos desmedidos de sueldos. En especial los sindicatos de camioneros y bancarios. De allí el interés de los sindicalistas en que se realicen paritarias.
Como se dice coloquialmente en Argentina, Milei les toco “la caja” y por eso convocaron a un paro general, el pasado 28 de diciembre, a menos de veinte días de asumido el nuevo gobierno.
Los sindicalistas anunciaron la medida de fuerza treinta días antes de su implementación, el 24 de enero, para abrir una negociación (por el momento reservada) con el gobierno y mientras tanto monitorear el humor social y el nivel de apoyo a las medidas económicas implementadas en diciembre.
También los políticos se muestran preocupados. El capítulo político de la “ley ómnibus” amenaza con revolucionar el sistema político argentino al terminar con las “listas sábanas” en la elección de diputados nacionales y reemplazarlos por los comicios en distritos uninominales, implementar la “boleta única en papel” en las votaciones y se eliminan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, entre otras modificaciones.
Los legisladores también procrastinan las reformas en el Congreso a la espera de que la crisis económica erosione el apoyo popular de que goza el gobierno y les permita esgrimir argumentos sobre errores formales para detener la mayor parte de las iniciativas presentadas por Milei.
Lógicamente, en 664 artículos hay muchas modificaciones acertadas, otras objetables y que dependen de una correcta reglamentación y las restantes medidas posiblemente deberían ser descartadas en su totalidad.
Pero, el gobierno insiste en que todos los artículos sean aprobados en conjunto y presiona a los bloques aliados para que acompañen el proyecto tal como fue presentados.
Milei teme que la clase política detenga sus propuestas de reformas dilatando su tratamiento en el Congreso y forzándolo a negociar y lograr mayorías para aprobar ley por ley en un proceso legislativo que al ritmo de trabajo actual del parlamento demandaría una década para concretarse totalmente.
Una modificación tan grande de las reglas de juego de la sociedad argentina lógicamente afecta muchos intereses y negocios, suprime regímenes impositivos de privilegio y monopolios como el existente en la prestación de internet por cable que veda en todo el país a los prestadores de internet satelital, eliminación de la pauta publicitaria oficial, etc.
Algunos de estos intereses son legales y legítimos, pero la mayoría no lo es. Se trata de los mismos intereses y negocios que llevaron al país a la crisis cuasi terminal que transita actualmente.
Lógicamente, esos poderosos intereses económicos afectados por las reformas de Milei, llevan a cabo una intensa campaña de lobby en la cual sus voceros recorren los medios periodísticos tratando de frenar las nuevas medidas que los afectan y atacando al gobierno con los más diversos argumentos.
Los diputados se resisten en el Congreso, los movimientos piqueteros intentan hacerlo en las calles, mientras que los sindicalistas y otros afectados pretenden frenar el DNU, que ya entró en vigor, a través de la justicia, pese a la feria, mediante amparos que cuestionan su constitucionalidad.
Es así como, el miércoles 3 de enero, la Cámara del Trabajo en fallo dividido decidió aplicar una medida cautelar suspendiendo el capítulo laboral del DNU 70/2023. Primera victoria parcial de los sindicalistas, que, en un verano escaso de noticias de importancia, cobró en los medios una repercusión desmedida.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El Procurador General de la Nación, Rodolfo Barra anunció que apelará la medida cautelar cuestionando la competencia de ese fuero y solicitará su pase al fuero en lo contencioso administrativo. El gobierno sabe que la CGT ha “colonizado” el fuero laboral y los jueces de este son sensibles a los intereses sindicales en sus fallos. Precisamente, es por lo cual la CGT realizó su presentación en este fuero.
Ante lo cual, el Procurador también acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un recurso extraordinario solicitando que determine la constitucionalidad del DNU.
Para torcer la mano de la oposición y lograr aprobar las reformas, el gobierno en conversaciones privadas dejó trascender que crearía una suerte de CONADEP de la corrupción.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas o CONADEP, fue una comisión independiente convocada, en 1983, por el presidente Raúl Alfonsín.
La CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por conocidas personalidades de la sociedad civil, investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el gobierno militar de 1976 a 1983. La CONADEP produjo el informe conocido como “Nunca Más”.
Ahora el gobierno de Javier Milei podría convocar a una comisión independiente de similares características para investigar en profundidad los hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, legisladores, gobernadores, intendentes y sindicalistas durante los gobiernos kirchneristas desde mayo de 2003.
Una medida de ese tipo encontraría un inmediato respaldo de la ciudadanía, de un sector de la clase política y especialmente de los partidos y movimientos de izquierda.
En Argentina, suele decirse que nadie soporta “un carpetazo” es decir una investigación detenida sobre su vida personal, sus vínculos sentimentales y el origen de su fortuna. Es por lo que ningún político, empresario o sindicalista está dispuesto a que se investigue su patrimonio, como lo obtuvo y como se incrementó en las últimas décadas.
La amenaza de Milei, que no tiene nada que tener porque no ha trabajado ni ocupado cargos en la función pública ni tiene un abultado patrimonio que justificar, se torna muy real y preocupante para los políticos, en especial porque el presidente ha demostrado que suele hacer lo que promete.
En estas pujas transcurren los días de este peculiar verano en Argentina donde la gente no tiene dinero, la inflación mensual supera el 20%, los más pobres piensan en como comer y la empobrecida clase media trata de rescatar algo de su vida anterior, mientras el gobierno de Milei se esfuerza por sacar al país de la mayor crisis de su historia.
