Las recientes medidas implementadas rápida y enérgicamente por el presidente argentino Javier Milei hacen pensar que las ideas de político y escritor renacentista Nicolás Maquiavelo pueden haber inspirado su conducta.
El presidente Javier Milei es un economista teórico. Ha leído, analizado y enseñado con pasión las ideas de los teóricos de la Escuela Económica Austríaca como Friedrich Hayek, como Milton Friedman, Paul Krugman entre otros. También sin duda ha leído con detenimiento las obras de pensadores argentinos como Juan Bautista Alberdi y estudiado con el gurú liberal Alberto Benegas Lynch (h).
No sabemos si ha hecho algo similar con los grandes teóricos de la política. Ignoramos, por ejemplo, si ha leído “El Príncipe” u otras obras del pensador realista florentino Nicolás Maquiavelo.
Pero, si no lo ha leído está procediendo por instinto o reflexión tal como Maquiavelo aconseja a su Príncipe.
Maquiavelo escribió que cuando era necesario tomar alguna medida impopular o castigar con violencia a algunos súbditos, la decisión debía implementarse rápidamente y al principio del gobierno (lo mismo le aconsejó el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, en 1976, al dictador argentino Jorge R. Videla) para tener luego muchos años para hacerse perdonar y parecer bondadoso ante el pueblo para que olvide su crueldad inicial.
Maquiavelo también aconseja a su Príncipe que, si no puede ser amada y temido al mismo tiempo, escoja ser temido. Porque el temor puede infundirse y el amor no. El amor es algo que el otro otorga voluntariamente o no lo hace. En tanto, suele ser fácil para un gobernante hacerse temer por su pueblo. Los ejemplos abundan desde Jósiph Stalin a Vladimir Putin.
Además, el temor suele ser un sentimiento más duradero que el amor…
Es por eso, que Javier Milei ha decidido implementar rápidamente y con energía las medidas estructurales que espera transformen la crónica decadencia económica combinada con corrupción política en que gradualmente fue ingresando la Argentina desde la posguerra.
Su primer objetivo es controlar la protesta callejera y no ha ahorrado ni medios decisión para alcanzar este objetivo.
Sabe que al sindicalismo peronista no le sería fácil en este momento responder a su paquete de leyes y decisiones administrativas, que implican despidos de empleados públicos convertidos en militantes políticos, cierre de organismo públicos inoperantes, fin de la industria de los juicios laborales, privatización de 41 empresas públicas deficitarias, eliminación de la denominada “pauta oficial”, los pagos del Estado para publicidad con que se han financiado durante décadas muchos medios periodísticos, etc.; con un paro general y un plan de lucha contra un gobierno que no lleva ni un mes de asumido y que tiene el respaldo del 54% del electorado.
Sin embargo, la CGT que nunca le hizo un paro general al desastroso gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pese al incremento galopante de la inflación y la pobreza, entre otras calamidades; anunció el 28 de diciembre la convocatoria a un paro general con movilización para el 24 de enero.
Milei enfrentara su primer paro general a tan solo 44 días de sumir la presidencia, todo un récord.
Aunque, la decisión de fijar la fecha de la medida de fuerza a un mes, posiblemente tenga la intención de dar tiempo a negociaciones que finalmente eviten la realización del paro.
Por otra parte, los feriados navideños y de fin de año, el comienzo de la feria judicial que se prolonga hasta el 31 de enero, sumados al inicio del período de vacaciones de verano que llega después de un prolongado y agitado año electoral, con muchos legisladores nuevos que recién asumen sus bancas, cuando las comisiones de las cámaras no están integradas, conforman un conjunto de circunstancias que dificultan la reacción opositora en el Parlamento y los ataques y debates a través de los medios informativos.
Milei y su equipo han medido muy bien el humor social. Los argentinos están cansados de las discusiones entre políticos, sus principales preocupaciones son la evolución de los precios y saber si finalmente podrán tomarse unos días de vacaciones.
Así que Milei no ha intentado, por el momento, negociar.
Hasta ahora, el Estado y los sucesivos gobiernos desde 1997, han financiado a través de la administración de los “planes sociales” a las mismas organizaciones que protestan contra ellos en las calles y los chantajean permanentemente con movilizaciones, marchas, “acampes”[i] y violentos ataques, como el 18 de diciembre de 2017, cuando los manifestantes de izquierda arrojaron catorce toneladas de piedra contra la policía en una protesta contra la reforma de la Ley de Movilidad Jubilatoria presentada por el presidente Macri, la cual contenía una fórmula de actualización de las pensiones mucho más favorable para el beneficiario que la aprobada posteriormente por el kirchnerismo sin ninguna reacción de los partidos y movimientos de izquierda.
Para terminar con esa práctica antidemocrática, el gobierno de Milei atacó el problema por dos lados.
Primero, la ministra del Capital Humano, Sandra Pettovello eliminó la facultad que tenían los movimientos piqueteros de “dar de baja” o suprimir a los beneficiarios de planes sociales.
Las organizaciones piqueteras confeccionaban el listado de beneficiarios y todos los meses enviaban al ministerio de Acción Social la nómina de “planeros” que habían cumplido “tareas sociales” y por lo tanto estaban habilitados para cobrar el mes próximo sus beneficios.
Durante los gobiernos anteriores, las organizaciones piqueteras, hasta ese momento enviaban al gobierno nacional la nómina de beneficiarios que habían cumplido “tareas sociales” y por lo tanto podían seguir percibiendo su plan.
Este mecanismo permitía que los piqueteros tenían la capacidad de obligar a los beneficiarios a concurrir a su “movilizaciones” o marchas bajo la amenaza de suspenderles el plan y negarles los bolsones de alimentos gratuitos. Quienes tenían hijos debían incluso llevar a sus niños a las marchas. La presencia de mujeres y niños en primera fila de las columnas de manifestantes era un elemento disuasorio para que las fuerzas policiales se abstuvieran de reprimir con gases o balas de goma ante el riesgo de provocar heridos entre ellos.
El abuso de poder de las organizaciones piqueteras sobre beneficiarios de los planes que administraban que, el planero que no pudiera asistir a una movilización (debido, por ejemplo, a que había conseguido algún trabajo no registrado o una simple “changa” (trabajo eventual e informal de corta duración) estaba obligado a contratar a un “sustituto” que no tuviera plan para reemplazarlos en la marcha.
También si el beneficiario realizaba algún comportamiento que la organización consideraba un incumplimiento de sus normas (quejándose por los repartos de la ayuda alimentaria recibida del Estado, hablar mal de los dirigentes o de la organización, plantear cualquier asomo de disidencia ideológica o política o simplemente pelearse con otro planero o robar algo) recibía una “multa” en dinero que luego engrosaba los fondos del grupo.
Los beneficiarios de planes sociales en su mayoría son gente humilde y con poca educación que desconoce sus derechos y como defenderlos, también hay entre ellos muchos extranjeros con residencia ilegal que no pueden recurrir a las autoridades. Estas personas suelen habitar en barrios carenciados, sin agua potable ni cloacas, que realizan conexiones ilegales al tendido eléctrico (están “enganchados”) para tener luz; por lo tanto, suelen estar totalmente indefensos frente a estos auténticos “gerentes de la pobreza” que emplean a la ideología progresista como una excusa para enriquecerse parasitando a los sectores más débiles e indefensos de la sociedad.
Es por lo que el gobierno de Milei habilitó una línea telefónica especial para recibir denuncias por abusos de todo tipo sufridos por los planeros de parte de las organizaciones que administran su plan. En el primer día de funcionamiento de esta línea se registraron en el primer día más de 4.500 denuncias, posteriormente las denuncias superaron los 10.000 casos.
Segundo: sabiendo que las medidas económicas que está aplicando se prestan especialmente para que el humor social se torne más conflictivo y que las organizaciones de izquierda y el sindicalismo peronistas motoricen un “plan de lucha” y diversas acciones dentro de lo que denominan “la resistencia” a las políticas liberales, ha implementado por la Resolución 943/2023, del ministerio de Seguridad un protocolo para el mantenimiento del orden público destinado a “evitar los cortes de la circulación de vehículos en la vía pública por piquetes y manifestaciones callejeras, resguardando derechos protegidos por las normas constitucionales, al habilitar que las expresiones de protestas se realicen sobre las veredas.”
Las previsiones de este protocolo pueden resumirse de la siguiente forma:
- Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos totales o parciales de acuerdo con los códigos vigentes: si hay un delito en flagrancia, podrán intervenir de manera inmediata. “Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas, no queremos cortes de calles y de rutas”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
- La Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal actuarán en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provincialeslo hagan en su zona de competencia. Tampoco se permitirá en las protestas que se hagan en estaciones de trenes ni se permitirán “palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”.
- Habrá excepciones a la aplicación del protocolo vinculada a eventos religiosos,socialeso deportivosque deberán pedir permiso a la autoridad jurisdiccional competente.
- Serán identificadoslos autores, partícipes, cómplices o instigadores que participen de marchas y piquetes y sus datos se enviarán a la autoridad competente. Lo mismo con los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o no tengan la documentación.
- Además, se creará un registro de las organizaciones y sus líderescon la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente.
- La información será comunicada también a cargo de la protección de los menores cuando se comprobare que se ha llevado a niños, niñas o adolescentesa la concentración.
- Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. “Algo que sucede es la quema de cubiertas, que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, subrayó Patricia Bullrich.
Los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduadaen proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales.
En respuesta a estas medidas, los movimientos piqueteros, encabezados por el trotskista Partido Obrero, intentaron conmemorar el golpe de Estado del 19 y 20 de diciembre de 2001, que forzó a renuncia del presidente constitucional del Dr. Fernando de la Rúa, al costo de 39 vidas de manifestantes.
Este acto, era una demostración de fuerza de la izquierda combativa que en acontecimientos similares movilizaba a unas 45.000 personas, bloqueando las calles y avenidas del microcentro porteño.
El gobierno no se dejó intimidar, movilizó a las cuatro fuerzas federales y con el aporte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, montó un gran operativo de control forzando a los manifestantes a circular por las veredas sin cortar el tránsito. Solo unos ocho mil manifestantes, en su totalidad militantes de las distintas organizaciones convocantes, lograron llegar a la Plaza de Mayo donde leyeron un manifiesto y se desconcentraron rápidamente y en orden.
No obstante, la policía detuvo a tres personas que portaban objetos punzantes. Además, el gobierno les cobró a las organizaciones participantes el costo del operativo de seguridad: sesenta millones de pesos.
Lo mismo ocurrió con una marcha de protesta organizada una semana después por la central sindical CGT, con la excusa de entregar un amparo, contra las medidas implementadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el presidente Milei, en el edificio de Tribunales en el microcentro porteño.
El gobierno obligó a los sindicalistas a solicitar autorización previa (tal como marca la ley), circular por las veredas sin interrumpir el tránsito y contratar un seguro de caución por diez millones de pesos en previsión de posibles daños a la propiedad pública y privada.
Terminado el acto, un pequeño grupo de manifestantes de izquierda realizó desmanes. Inmediatamente las fuerzas policiales reprimieron los incidentes empleando gases lacrimógenos y proyectiles antidisturbios. Siete manifestantes fueron detenidos y procesados judicialmente.
El gobierno retuvo el seguro de caución para compensar los costos del operativo, los gastos para la limpieza de la plaza y el lucro cesante de los comerciantes de la zona donde tuvo lugar el acto.
Al menos por el momento, se han terminado los veinte años de piquetes y protestas en las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero, todavía es muy pronto para cantar victoria.
El núcleo central del plan de reformas que pretende implementar Javier Milei se encuentra comprendido en las 83 fojas del DNU, del 20 de diciembre, y en las 180 fojas de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el 27 de diciembre.
Como el lector comprenderá resulta imposible tratar o incluso resumir los 664 artículos con 1.050 previsiones distintas, que constituyen una maraña de cuestiones muy amplias y diversas. Por lo tanto, nos limitaremos en esta ocasión a tratar algunos aspectos de la legislación electoral, que de ser aprobados constituirán un importante avance hacia una auténtica democratización del sistema político argentino y un muy significativo recorte del gasto público.
La transformación más esencial implica el reemplazo de las “listas completas de candidatos a diputados” (listas sabanas) y reparto proporcional de bancas, por un régimen de circunscripción uninominal en la que cada elector según su lugar de residencia oficial votaría para elegir a un único candidato a diputado que también debería residir en esa circunscripción.
Este régimen electoral uninominal fue anteriormente aplicado por la Ley 4.161 sancionada el 29 de diciembre de 1902, durante la presidencia de Julio A. Roca. Esa ley permitió que en 1904 fuera elegido el primer diputado socialista de América, el Dr. Alfredo L. Palacios.
La ley de voto uninominal fue derogada en 1904 y restablecida en 1951, durante la presidencia de Juan D. Perón y nuevamente derogada por el gobierno de facto de la Revolución Libertadora, en 1957.
La aplicación del régimen de candidatura uninominal reduciría las bancas de diputados en tres miembros y modificaría sustancialmente la distribución de la representación en la Cámara de Diputados en favor de las provincias más pobladas al tiempo que reduciría la cantidad de diputados de las provincias menos pobladas porque también eliminará el mínimo de cinco diputados por provincia.
De aplicarse esta reforma, al efectuarse las elecciones legislativas de medio termino de 2025, se llevaría a cabo una auténtica revolución política.
No solo porque modificará el peso político de las provincias en la Cámara de Diputados y en la sanción de leyes claves como la de presupuesto y creación de nuevos impuestos, sino porque implementará una profunda renovación de los elencos políticos.
Algunos legisladores han conservado durante décadas sus bancas, presentando candidaturas en medio de las “listas sabanas” y cambiando de partido o coalición electoral en cada votación.
Se trata de figuras poco o nada conocidas por el electorado, cuando no se trata de individuos con muy mala imagen entre los votantes y la opinión pública en general.
Cuesta, por ejemplo, imaginar a Máximo Kirchner triunfando en una circunscripción determinada de la provincia de Buenos Aires o de Santa Cruz. Un personaje que tiene un alto personaje de desaprobación y que llegó a diputado en el cuarto lugar de la lista de candidatos de Unidos por la Patria, debido a la portación de apellido y el expreso apoyo de su madre Cristina Kirchner.
Esta reforma también termina con los diputados de origen sindical. Desde 1946, el sindicalismo peronista convertía a sus dirigentes en legisladores presionando al partido para que los incluyeran en las listas sábanas de candidatos. Ahora, los sindicalistas deberán competir en algún distrito electoral en forma individual si aspiran a ser legisladores nacionales.
Incluso en válido preguntarse: ¿Cuántos de los diputados de La Cámpora renovarían sus bancas en una votación uninominal donde el apoyo de Cristina Kirchner no contará?
También el poder de Cristina Kirchner se licuará si ya no es ella quién decide las candidaturas a diputados y el orden en que se ubican los postulantes dentro de las listas sábanas.
Los diputados, por otra parte, serán más independientes de los partidos que los nominan. Los diputados dueños de sus propios votos podrán elegir presentarse con cualquier sello partidario.
En este esquema, los partidos vecinales adquirirán una mayor relevancia y peso electoral al poder presentar directamente candidatos a diputados nacionales en un distrito sin necesidad de ser un partido nacional.
La Cámara de Diputados se democratizará al desaparecer la “disciplina del voto” que obliga a los legisladores, incluso contra su opinión, a acatar la decisión de la mayoría de su bloque partidario.
Esta no es la única reforma introducida por el proyecto gubernamental, también se introduce la boleta electoral única y de papel y la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Estas últimas reformas reducirán considerablemente el poder de los “aparatos electorales” de los grandes partidos y el control de los dirigentes y sus “acuerdos de cúpula” en la política argentina.
También estas medidas terminan con el “negociado” de la impresión de boletas, disminuye la necesidad de fiscales partidarios por mesa de votación. Incluso reducirá el papel de los “punteros barriales” y su red de corruptelas e influencias en el tráfico de votos del día de votación.
Otros aspectos de la reforma electoral eliminan la obligatoriedad de que los candidatos presidenciales participen de los debates, suprime el tope máximo de los aportes dinerarios por persona y privados a cada partido en el financiamiento de las campañas, elimina las restricciones para publicar encuestas ocho días antes de la elección. El mismo día de los comicios podrán publicarse sondeos de opinión, modifica el reparto de espacios gratuitos para los partidos políticos en los medios informativos, etc.
Precisamente, debido a la sumatoria de estos factores parece difícil que esta reforma termine por ser aprobada, la actual “casta política” no parece muy dispuesta a cometer suicido, pero, nunca se sabe.
Para concluir podemos especular que el presidente Milei sabe que debe presionar para lograr aprobar el mayor número de reformas antes que el tiempo diluya el efecto de su tan contundente victoria electoral, la oposición se reorganice y el malestar en la población crezca debido a la crisis inflacionaria en marcha. Para él y para el país es ahora o nunca, Por eso presiona a los legisladores con convocar a una consulta popular que, aunque no fuera vinculante, pondría a los legisladores frente al dilema de votar en contra de lo que el pueblo aprobó.
Además, el gobierno tiene como argumento que en el último año la Cámara de Diputados solo sesionó en cuatro oportunidades y aprobó una sola ley. Para modificar la cuestionada “Ley de Alquileres”, por ejemplo, llevó a cabo dieciséis sesiones en cuatro años sin poder llegar a un consenso que permitiera su reforma.
La oposición se encuentra en un serio problema: está atomizada. Juntos por el Cambio, la coalición armada en 2014, por Mauricio Macri no sobrevivió a su segunda derrota electoral consecutiva en comicios presidenciales y al poder de cooptación del gobierno de La Libertad Avanza.
Los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) están divididos en tres sectores: Evolución Radical, el sector liderado por el senador Martín Lousteau, se opone a la forma y al fondo de las reformas propuestas por Milei, otro sector duda en apoyar la propuesta del gobierno y un tercer sector se ha integrado al oficialismo y lo apoya en el congreso.
Dentro del peronismo existe la misma fragmentación. El kirchnerismo duro y los legisladores de origen sindical se oponen. Los gobernadores peronistas presionan a sus legisladores según la dependencia que tienen del apoyo financiero y político del gobierno nacional. Mientras que el nuevo bloque de diputados “Hacemos Coalición Federal (23 legisladores) conducido por el exgobernador cordobés Juan Schiaretti y el ex JxC y ex peronista Miguel Pichetto negocia su apoyo al gobierno que además cuenta con 37 legisladores propios.
Por el momento, nada esta seguro ni terminado, pero Javier Milei posiblemente consiga aprobar la mayor parte de las reformas que impulsa.
Lo que sí parece muy probable es que Javier Milei también ha leído a Nicolás Maquiavelo y ha prestado atención a sus recomendaciones.
[i] ACAMPES: Modalidad de protesta en la cual miles de manifestantes con sus hijos establecen campamentos en plazas o avenidas del microcentro porteño, instalando carpas y encendiendo fuego sobre el pavimento para cocinar alimentos, dejando todo tipo de residuos y basura y haciendo sus necesidades en el lugar.
