El Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes; el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Consejo de Derechos Humanos se dirigieron, el pasado 7 de enero, al gobierno de Argelia denunciando diversas violaciones a los derechos humanos producidas dentro del territorio argelino y protagonizadas por funcionarios públicos argelinos contra la población marroquí retenida por la fuerza en los campamentos de Tinduf y por migrantes subsaharianos que atraviesan su territorio en camino a las costas de la Unión Africana.
Los Relatores del Consejo de Derechos Humanos denunciaron en particular los siguientes hechos:
Ejecuciones Extrajudiciales
El 1 de enero de 2020, las fuerzas de seguridad argelinas mataron a tiros a tres menores migrantes subsaharianos que intentaban cruzar la frontera entre Níger y Argelia.
El 15 de mayo de 2020, una patrulla del ejército argelino habría incendiado el sitio de extracción de oro artesanal en Abadara, matando a tres migrantes y dejando a los otros ocho con quemaduras de tercer grado y heridas graves.
En la tarde del 19 de octubre de 2020, un grupo de buscadores de oro saharauis residentes en los campamentos de Tinduf fueron presuntamente sorprendidos por una patrulla del ejército argelino en un sitio minero no autorizado cerca del campamento “Dakhla”, al sur de la ciudad argelina de Auinet Balakraa.
Los refugiados buscaban oro en un sitio minero no autorizado. Según la ley argelina, la minería no autorizada conlleva penas de prisión de hasta tres años y multas. Después de escuchar tiros aparentemente disparados en su dirección por soldados argelinos, los refugiados saharauis, se precipitaron hacia la trinchera de seis metros de profundidad y, se negaron a salir, temiendo que los mataran. Las fuentes dicen que reconocieron los autos del ejército argelino en el lugar.
Luego, la patrulla militar prendió fuego al pozo minero con mantas empapadas en gasolina y abandonó el lugar sin preocuparse por la suerte de los refugiados y sin brindarles asistencia: esto provocó en la muerte de dos menores refugiados. Los dos jóvenes, Maha Ould Hamdi Oudl Suielem, de 42 años, y Ali Idrissi, de 34, intentaron escapar del incendio, pero murieron de heridas graves a pesar de ser trasladados al hospital del campamento de “Dakhla” en la ciudad de Rabouni, Argelia, en circunstancias desconocidas. Los otros mineros lograron escapar.
El 26 de octubre, los cuerpos de las dos víctimas fueron entregados a sus familias en el campamento “Dakhla”. El gobierno argelino no se ha abierto ninguna investigación sobre las circunstancias de la muerte de esos dos hombres y los culpables no han sido procesados.
Abusos contra la población de los Campamentos
La población marroquí retenida en los campamentos de Tindouf sigue siendo extremadamente vulnerable y depende totalmente de la asistencia internacional para sus necesidades básicas y su supervivencia. La desnutrición y la anemia son problemas comunes entre esa población, según el informe del Secretario General (S / 2020/938).
Las limitadas oportunidades económicas, vinculadas al duro clima y la lejanía, han dejado a los refugiados saharauis con muy pocas fuentes de ingresos. En ausencia de un marco legal adecuado para el asilo, los pobladores no cuentan con ninguna protección, ya que se les considera personas en situación irregular. El derecho al trabajo de los migrantes y solicitantes de asilo no está garantizado, lo que crea una situación que expone a los migrantes a la explotación y la trata de personas.
La mayoría de los marroquíes retenidos no tienen acceso al mercado laboral formal. Además, en respuesta a la pandemia de COVID-19, los campamentos se cerraron, lo que provocó la pérdida de muchos puestos de trabajo y otras fuentes de ingresos para los pobladores. Las duras condiciones económicas están empujando a algunos de ellos a violar leyes, como las restricciones a la extracción de oro y regulaciones de emergencia que afecten la libertad de circulación, con el fin de mantenerse a sí mismos y a sus familias y como estrategia de supervivencia.
Lamentablemente, el Informe de los Relatores omite el robo sistemático de la ayuda humanitaria destinada a la población de los campamentos de Tindouf por parte de los miembros del Frente Polisario y por funcionarios argelinos corruptos.
Son varias las organizaciones no gubernamentales que han denunciado esta estructura de corrupción y aprovechamiento fraudulento de suministros alimenticios y medicinales, vitales para la supervivencia de una población civil necesitada. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Cruz Roja Española y el Centro Europeo de Inteligencia Estratégica y Seguridad han reiteradamente denunciado y suficientemente probado la vergonzosa realidad de la existencia de esta red de corrupción que condena a las mujeres y niños de los campamentos de Tinduf a la privación, la indigencia y la desesperación.
Ante este fraude varias autoridades reconocidas por su credibilidad han sido obligadas a suspender sus contribuciones, como es el caso de las ONG estadounidenses “The Association of the Bar of the City of New York” y “Teach the Children International” y la ONG española “Manos Limpias”.
Mediante la malversación de la ayuda humanitaria y su venta ilegal en los mercados africanos, el Polisario y sus cómplices en el país receptor cometen otro crimen aún más grave que viola esencialmente los derechos humanos fundamentales y absolutos a saber; la integridad física, la salud, la vida y la dignidad de la población civil secuestrada en Tinduf con el beneplácito del Estado argelino, en una flagrante violación del artículo 3° común a los cuatro Convenios de Ginebra que prohíben estos crímenes en cualquier momento y en cualquier lugar.
Los hechos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad imprescriptibles cometidos intencional y sistemáticamente contra una población civil indefensa, reprimida y obligada a vivir en condiciones infrahumanas que superan los límites tolerados por la comunidad internacional y que debe ser condenado y sancionado por los diversos órganos de las Naciones Unidas y las instancias internacionales judicialmente competentes.
Es debido a ello que los Relatores advirtieron: “Quisiéramos recordar al Gobierno de Su Excelencia que los Estados tienen la responsabilidad primordial de prevenir y abstenerse de cualquier acto de intimidación y represalias. Los Estados también tienen la obligación de proteger a las personas de las represalias y de investigar y proporcionar recursos efectivos a las víctimas de represalias. Las familias de víctimas de abusos como la que se describe en esta carta tienen derecho a acceder a un procedimiento de denuncia independiente y deben beneficiarse de medidas para garantizar que no serán objeto de represalias e intimidación.
Instamos al Gobierno de Su Excelencia a que garantice que las fuerzas de seguridad y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actúen de conformidad con el estado de derecho y las normas de derechos humanos. También instamos al Gobierno de Su Excelencia a que lleve a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de las violaciones de derechos humanos cometidas contra menores migrantes, y en particular con respecto a las circunstancias relacionadas con la muerte de los dos refugiados saharauis subrayados en esta carta. En particular con miras a iniciar las acciones disciplinarias y judiciales apropiadas y asegurar que cualquier culpable de las presuntas violaciones comparezca ante la justicia, pero también con miras a brindar una reparación e indemnización adecuadas a las familias de las víctimas.” […]
Esta información se conoce recién ahora debido a que los relatores dieron un plazo de 60 días para esclarecer y tomar medidas judiciales que pongan fin a esas violaciones a los derechos humanos. Advirtiendo que “Transcurrido este plazo, esta comunicación, así como cualquier respuesta que se reciba del Gobierno de Vuestra Excelencia, se hará pública en el sitio web que informa de las comunicaciones. También estarán disponibles más adelante en el informe habitual que se presenta al Consejo de Derechos Humanos.”
La denuncia del Consejo de Derechos Humanos esta firmada por Felipe González Morales, Relatora especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Agnes Callamard, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes.
Lamentablemente, los hechos consignados no constituyen un hecho aislado sino que las violaciones a los derechos humanos son una práctica habitual y constante en Argelia desde hace décadas en la lucha contra el Frente Islámico de Salvación Nacional, en el trato a la población de los campamentos de Tinduf o en la represión de los manifestantes del movimiento de protesta Hirak.
