Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.
George Orwell
Todos los políticos populistas hacen del “igualitarismo extremo” uno de los dogmas centrales de su propuesta política. Para ellos distribuir la riqueza consiste en sacarles su patrimonio a aquellas personas que a su juicio tienen demasiada riqueza para distribuirla entre quienes menos tienen, comenzando por su supuesto entre sus propios partidarios.
Por lo general, se trata de un proceso destinado en realidad en distribuir pobreza. Porque los populismos han demostrado históricamente, en todo tiempo y lugar, su incapacidad para crear nueva riqueza. Es suficiente con ver la situación en que se encuentra Cuba después de más de sesenta años de la pesadilla castrista o Venezuela tras algo más de veinte años de dictadura chavista.
Los políticos populistas también se caracterizan por distribuir la riqueza (y las vacunas contra el Covid) comenzando por ellos mismos y sus secuaces.
Una de las críticas que con mayor frecuencia se ha realizado a las democracias liberales es que los ricos (empresarios, magnates financieros y otros) emplean su riqueza para financiar su acceso al poder político. Es posible que esto sea así, pero al menos se trata de individuos que se enriquecieron con su trabajo, esfuerzo e inteligencia.
Los políticos populistas, en general, se caracterizan precisamente por lo contrario. Suelen iniciarse en la política sin haber trabajado o ejercido una profesión en el sector privado. Pero, una vez convertidos en funcionarios públicos (elegidos por el voto popular, proyectado por su militancia partidaria o por su lealtad al caudillo de turno) pasan de un cargo a otro, cobrando jugosos salarios y acumulando otros beneficios, esté su partido en el gobierno o en la oposición.
Cuanto más patrimonio mal habido acumulan suelen tornarse más críticos de los ricos a quienes acusan de no ser solidarios con los pobres.
Habitualmente, dejan el barrio popular en que nacieron y se criaron para adquirir lujosas viviendas, visten ropas de marcas internacionales, tienen la última y más costosa tecnología en materia de telefonía y computación y veranean en lujoso centros turísticos del extranjero pero pregonan ser parte del “pueblo” y defender sus intereses frente a “los poderes económicos concentrados” y otras entelequias.
Están en contra de la propiedad privada, defienden denodadamente a los hospitales y escuelas y universidades públicas pero no los usan. Sus hijos estudian en exclusivas escuelas privadas bilingües preparándose para sus estudios en el extranjero. Están siempre ansioso por viajar a Miami para visitar con sus hijos Disneyland y hacer shopping. Si se enferman se hacen atender o internar en las más costosas clínicas médicas privadas. Como hizo en su momento la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La corrupción populista suele intentar justificarse bajo el argumento de que hacer política es muy costoso y requiere de abundantes fondos para financiar una campaña electoral. Por lo cual para hacer política “hay que hacer caja” y “contener” (o sea financiar) a los “compañeros” (es decir a los militantes del partido), como solía decir el expresidente Néstor Kirchner. El problema es que, además de ser ilegal y éticamente repudiable la corrupción, nunca se sabe que parte del dinero recaudado ilícitamente se destina a la política y que parte va a parar a las finanzas personales del político.
En los Estados Unidos los políticos que han dejado sus cargos suelen incrementar sus ingresos como lobistas de grandes empresas, escribiendo sus memorias y como conferencistas motivacionales profesionales.
En América Latina los pocos políticos que dejan sus cargos han comenzado a imitar esas prácticas. Cristina Fernández de Kirchner y, recientemente, Mauricio Macri, han publicado sus memorias. Otro políticos buscan cargos internacionales la chilena Michelle Bachelet después de ocupar otros cargos es la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mauricio Macri se desempeña como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.
Los políticos españoles combinan todas estas actividades. Se convierten en lobistas de grandes grupos económicos, el expresidente de Gobierno Felipe González se incorporó a la junta directiva de Gas Natural Fenosa y su suceso José María Aznar hizo lo propio como consejero externo de Endesa y está asociado a otras cinco corporaciones multinacionales, incluido como asesor del Presidente para España y Vicepresidente Global de KPMG, una de las firmas de asesoría legal y financiera más importantes del mundo.
También ocupan diversos cargos honoríficos, publican libros, dan conferencias, realizan asesorías y al igual que los artistas y deportistas célebres “venden” su presencia para eventos promocionando a candidatos presidenciales, apoyando a gobiernos con problemas de imagen internacional y causas políticas ideológicamente afines.
El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, se ha destacado como un activo lobista en favor de la dictadura chavista de Nicolás Maduro en Venezuela.
No obstante, quienes más habilidad han demostrado para recolectar fondos a través de los más diversos procedimientos combinados de lobby y relaciones públicas a nivel internacional no son políticos retirados sino políticos en plena actividad pública pertenecientes al partido Unidos Podemos.
Dirigentes como Pablo Iglesias Turrión, su esposa Irene Montero Gil, Juanma del Olmo, Iñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, y antes de su expulsión Carolina Bescansa, han “comercializado” su imagen y presencia para defender los intereses de países como Irán, Venezuela, Nicaragua, Ecuador (en tiempos de Correa), Bolivia y Argentina durante los gobiernos de Cristina Kirchner y de brindar proyección internacional a grupos de izquierda y separatistas desde la Madres de Plaza de Mayo al Frente Polisario.
Estas actividades les han permitido cobrar sustanciosos honorarios en concepto de “asesorías internacionales”, como conferencistas bien pagos en congresos y eventos diversos, para patrocinar proyectos de investigación e incluso han cobrado por dejarse fotografiar con candidatos presidenciales en campaña. Recientemente Iglesias se ha fotografiado con el candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz, que responde a Rafael Correa.
No puede sorprender entonces que el jerarca de Podemos, Pablo Iglesias Turrión después de una carrera política fulgurante de tan solo siete años en que se basó especialmente en criticar por sus privilegios a la clase política española y denigrar a la monarquía, a quienes denominaba “la casta”. Hoy en ejercicio de la vicepresidencia segunda del gobierno de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez, haya acumulado un importante patrimonio y adquirido una residencia de lujo en un costoso vecindario madrileño.
Pablo Iglesias inició su carrera política en 2014, desde 2003 había sido docente e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, en ese entonces declaró un patrimonio de 45.000 euros y en sus discursos enfatizaba que “nunca se iban a ir del barrio” ni vivirían en “lujosos chalets”, que “siempre donaría una parte de su sueldo” al partido y que “nunca cambiarían, ni se convertirían en casta”.
Su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero, también se inició en Podemos en 2014, pero en ese entonces declaró un patrimonio de tan solo 6.000 euros.
Hoy Pablo Iglesias e Irene Montero han declarado un patrimonio y bienes conjunto de 1.600.000 euros según datos consignados en el Boletín Oficial del Estado.
Ambos viven junto a sus tres hijos en un chalet de 268 m² en un terreno de 2.000 m² en el exclusivo barrio de Galapagar. Los dirigentes de Podemos adquirieron el inmueble, en 2019, pagando por el mismo 615.000 euros solicitando una hipoteca de 540.000 euros, que fue concedida por la entidad financiera Caja de Ingenieros, entidad que alberga los fondos del partido en otras cuentas.
Muchos analistas, incluso dentro de Podemos, se preguntan como ha podido la pareja de políticos populistas españoles reunir un patrimonio tan importante en tan corto tiempo cuando los estatutos de Podemos obligan a los dirigentes que ocupan cargos públicos a cobrar un máximo de tres salarios mínimos mensuales (algo más de unos 2.700 euros) y a donar el excedente al partido.
Evidentemente, los dirigentes populistas españoles, al igual que la familia Kirchner en Argentina, han encontrado la forma de distribuir la riqueza comenzando precisamente por enriquecerse primero ellos.
