Los intentos para la formación de gobierno están influidos, sin duda, por diferentes consideraciones políticas, todas ellas relevantes. En algún momento todo ha quedado distorsionado por algunas cuestiones que parecen de orden psicológico-afectivo y que deberían de estar al margen de “lo político”. Las pretensiones de tanta profundidad, como se trasladan a la opinión pública, deberían vencerse al tratarse de cuestiones personales, ya que el interés general debe estar por encima de filias y fobias. La confianza en política, o la ausencia de la misma, se construye tendiendo puentes que faciliten el entendimiento. Compartir políticas es el mejor camino.
El argumento que desde el primer momento de este tortuoso proceso se puso sobre la mesa por parte de UP, de que desconfiaba que un gobierno en solitario del PSOE pudiera llevar a cabo el cumplimiento de un programa político pactado, es poco sostenible. En esta ocasión la cuestión de la confianza no sería muy distinta al acuerdo alcanzado hace unos meses para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 suscrito entre el Gobierno y Podemos. Si en aquel caso había confianza, no tendría por qué no haberla ahora ya que los Presupuestos, no lo olvidemos, son un periodo anual del Plan del Gobierno.
Cosa bien diferente es que tras las elecciones se hubiera puesto de manifiesto el interés de UP de unir su talento de gestión al de los socialistas para llevar a cabo un ambicioso programa de gobierno. La pretensión, en este sentido, sería intentar acrecentar el valor y la fortaleza en una situación compleja del país, y con ello participar en aquellas áreas en las cuales pueden disponer de los mejores equipos para colaborar en el proyecto gubernamental, poniendo al servicio del objetivo común los recursos personales de los que se dispone. Y este no puede ser ocupar el papel de fiscalizador presencial en el Consejo de Ministros de cara a la gestión de la mayoría minoritaria, con el perfil de supuesta “minoría cualificada”. Colaborar es una cosa. Y controlar es otra.
En cualquier caso, si la literatura negociadora desplegada durante este proceso, a la que los medios de comunicación social se han referido en términos de cómo “ganar el relato del desencuentro negociador”, hubiera sido de otro tenor, el acuerdo no estaría siendo tan dificultoso y la generación de confianza hubiera sido posible.
El control del cumplimiento por el Gobierno, o la capacidad de poder participar en las decisiones de una manera efectiva, tiene métodos e instrumentos mucho más eficaces y, dicho de paso, que desgastan mucho menos que la propia gestión. Si la visibilidad es la cuestión, hay errores de bulto que se han cometido en la estrategia política actual. La proliferación presencial de un Ministro (por ejemplo) aquí o allí solamente tiene rentabilidad política, y quizás a la postre electoral, dependiendo de la lejanía del hecho con el voto, si está en el sitio y en el momento en el que se encuentra solución al problema y se participa decisivamente en ello. El turismo ministerial, que dicen los funcionarios, termina penalizando políticamente. Incluso la resolución de problemas por brillante que sea tampoco es garantía de éxitos electorales futuros. Llamo al recuerdo a todos sobre la finalización de la banda terrorista ETA.
La participación en el proceso decisional y el control de políticas públicas son dos líneas de estudio académico, desarrollo administrativo y práctica política que vienen de lejos. Asignaturas relevantes en los estudios de Ciencia Política. La creación de entes institucionales para posibilitarlo también.
El 28 de julio del 2017 en el decreto Reforma de Estructura del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se dio carpetazo a un loable intento de mejorar la gestión pública española, disponiendo, a semejanza de otros países europeos, de un ente especializado en la evaluación de Políticas Públicas: La AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas). En el pacto de gobierno non nato entre el PSOE y Cs se planteaba el fortalecimiento de este organismo y su dotación de una plena independencia gubernamental, con la finalidad de que pudiera servir para corregir algunos fatuos ejercicios mediáticos de presentación de realizaciones conseguidas. Con el posterior pacto entre Cs y PP la decisión fue la contraria: la desaparición de la AEVAL.
Analizar y evaluar políticas públicas no consiste en una suma de pareceres. Al contrario, es otorgar rigor y medida a los datos sobre gestión pública. No solo en cuanto a su eficiencia económica sino en cuanto al acierto de la política desarrollada con su objetivo y coste, verificando su validez para la resolución del problema planteado. La evaluación es pluridisciplinar y se debe efectuar desde paramentos económicos, sociológicos, políticos…
Lo mismo cabe decir en relación con la participación en los procesos de toma de decisiones. Entre la fase de «programación de una decisión» donde la parte reglamentaria es tan solo el aspecto formal de su plasmación jurídica, y la fase de “implementación” (aplicación práctica concreta) de una política pública hay diferentes etapas, en las cuales es posible la participación y la aportación efectiva de criterios, opiniones y propuestas concretas.
La evaluación de políticas, e incluso de programas electorales, no es nada nuevo. En Holanda desde 1986 la Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica (CPB) evalúa en su totalidad los programas electorales y, sin ser obligatorio, todos los partidos pasan por el análisis como forma de ganar reputación. En el Reino Unido más recientemente se ha establecido la misma práctica para los aspectos fiscales y económicos. En ambos casos, se trata de elementos que fijan el debate electoral.
Sin entrar en muchas profundidades sobre ambos instrumentos y técnicas, podemos decir que no se puede apelar a la desconfianza en el cumplimiento de acuerdos para fundamentar presencias políticas a nivel gubernamental. El control político de los pactos tiene multitud de fórmulas y no se limita a un mero control formal. Se puede hacer en sede parlamentaria, en comisiones inter-partidarias, mediante órganos administrativos y a través de institutos independientes que pueden realizar verificaciones tanto sobre la labor de cumplimiento de programas y/o acuerdos, como sobre la eficiencia y eficacia de las políticas desarrolladas.
