Los economistas kirchneristas del llamado "Grupo Callao" (Santiago Cafiero, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca Bocco, ente otros) atrasan por lo menos cincuenta años con su propuesta, en el caso de que lleguen al gobierno el próximo 10 de diciembre, que no es más ni menos que una versión actualizada del “pacto social” aplicado, a partir del 25 de mayo de 1973, por los gobiernos de Héctor J. Cámpora, Raúl Lastiri, Juan D. Perón y la primera parte del gobierno de María Estela Martínez Carta de Perón, por el entonces ministro de economía el empresario polaco-argentino José Ber Gelbar.
La expresidente Cristina Fernández de Kirchner habló de la necesidad de un nuevo “pacto social” en la presentación de su libro “Sinceramente”, en junio durante la realización de la Feria del Libro, en Buenos Aires. Su candidato a presidente Alberto Fernández ha reiterado esta propuesta en diversas entrevistas periodísticas y discursos.
La versión 2019 del “Pacto Social” implicaría en líneas generales el refinanciamiento de los pagos de la deuda contraída con los organismo financieros internacionales. Argentina debe realizar desembolsos por 20.000 millones de dólares en el primer semestre de 2020 y otras obligaciones por 25.000 millones más a lo largo de los próximos cuatro años. Alberto Fernández ha dicho reiteradas veces que no realizará un nuevo default de la deuda argentina, pero en todas las ocasiones también ha mencionado que el país no está en condiciones de cumplir con los desembolsos al FMI tal como están previstos.
En otras palabras, Fernández llevará a cabo una suerte de “reestructuración” de la deuda con los organismos financieros internacionales, con una posible quita en la misma. Esta reestructuración la implementará en forma negociada con el FMI o unilateralmente si es necesario.
En el marco interno, el plan consiste en imponer una tregua entre empresarios y dirigentes sindicales para terminar con la inflación. Dicho “Pacto” implicaría, entre otras medidas, un incremento general de salarios, jubilaciones y planes sociales por medio de una suma fija para todos los trabajadores públicos y privados, luego la suspensión de las negociaciones paritarias, el establecimiento de un congelamiento de precios, salarios, pensiones y “planes sociales” (subsidios monetarios mensuales que se entregan a los pobres y desocupados) tarifas de los servicios públicos y del precio de los alquileres de las viviendas y locales comerciales con la prórroga automática de los contratos de locación. También se establecerían nuevos controles y regulaciones para la compra de divisas, la baja de las tasas de interés, etc.
El “Pacto Social” sería una medida transitoria para estabilizar la economía, terminar con la inflación y sacar al país de la recesión incentivando el consumo con facilidades de crédito barato y reducciones fiscales en los impuestos que afectan a la población de menores recursos, como el impuesto a las ganancias aplicados a los salarios y las pensiones o el IVA en los productos de la “canasta básica alimentaria”.
El Pacto tendría una duración de entre uno y dos años, luego del cual se renegociarían salarios y precios por otro periodo similar.
Además, de las medidas económicas un acuerdo de estas características depende de un gran consenso político que lleva a las partes involucradas a aceptar ciertos perjuicios.
En 1973, el “Pacto Social” fue posible por el liderazgo que el anciano presidente Perón ejercía en el país y la ilusoria esperanza que tenían los argentinos de que bajo su conducción la Argentina retornaría a la prosperidad que vivió en los primeros años de la posguerra.
Hoy las circunstancias son muy distintas. Perón no está, la sociedad argentina está dividida por una profunda grieta entre kirchneristas y anti-kirchneristas y no tiene esperanzas de ningún tipo. El liderazgo de Cristina Fernández puede ser suficiente para ganar una elección pero de ninguna forma alcanza para doblegar a los dirigentes sindicales acostumbrados a pelear por mejores salarios para contentar a sus bases o a los gobernadores peronistas de las provincias más pobres, cuya permanencia en el cargo depende de un feroz clientelismo que genera un abultado gasto fiscal, se resisten a cualquier recorte o reducción de impuestos coparticipables.
Alberto y Cristina Fernández son conscientes de sus limitaciones. Por ello, esperan contar con el apoyo de su amigo el papa Francisco para que con su autoridad moral sostenga el nuevo “Pacto Social”. Recientemente Alberto Fernández se reunió amigablemente con los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina donde reiteraron su firme voluntad de trabajar por los pobres. También en círculos kirchneristas se espera que Francisco viaje a la Argentina para la asunción del nuevo gobierno o en los primeros días de enero de 2020, a los efectos de dar su bendición al acuerdo.
Lamentablemente, la experiencia indica que esta suerte de concertación entre sectores económicos nunca termina bien. Los congelamientos de las variables económicas no se mantienen eternamente y si no hay crecimiento económico la puja distributiva entre los distintos actores económicos termina por hacer que todo estalle. Pronto surge el “mercado negro”, el “dólar paralelo”, la especulación y el desabastecimiento. Las tarifas congeladas de los servicios públicos, las tarifas del transporte y el precio de los combustibles generan falta de inversión y las prestaciones comienzan a interrumpirse (falta gas, electricidad y los sistemas de comunicaciones se tornan obsoletos, entre otros males).
Pretender congelar la economía de un país por dos años es como comprimir su resorte, tarde o temprano este debe volver a su dimensión original y cuando se libera lo hace bruscamente.
Esto fue lo que ocurrió en Argentina durante los gobierno peronistas de la década del setenta. El Pacto Social de 1973 funcionó hasta la muerte de Perón, en julio de 1974, y luego entró en pendiente hasta colapsar en el “Rodrigazo” de junio de 1975. La primera gran crisis inflacionaria y social que disparó los niveles de pobreza en el país y de la cual Argentina nunca se recuperó totalmente.
Además de los errores que implica llevar al país hacia una economía estatista, cerrada y dirigista. El plan no toma en consideración los fuertes vientos en contra que afectarán a las economías emergentes en los próximos años y que impactarán especialmente en un país con gran endeudamiento externo, sin reservas internacionales ni capacidad de atraer inversiones productivas.
El mundo parece estar entrando en una recesión global. Las grandes economías (Estados Unidos, China, Alemania, Francia, el Reino Unido, etc.), de donde proviene el grueso de la demanda mundial, han comenzado a desacelerarse.
La economía de Estados Unidos entrará en recesión el próximo año o el siguiente como muy tarde, según la opinión de una amplia mayoría de los economistas encuestados por la Asociación Nacional de Economía de la Empresa (NABE), después del actual periodo de expansión económica, el más prolongado de toda la historia de este país. Un 38% de los economistas consultados apuesta por que EE. UU. entrará en recesión en 2020, mientras que otro 34% cree que la recesión recién llegará en 2021. Pero todos los economistas predicen que se avecina una recesión mundial.
Los economistas y las grandes calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s consideran que la región del mundo más afectada por esa posible recesión mundial será América Latina. Región donde los países tienen menos reservas internacionales, hay mayores expectativas con respecto al valor del dólar y las economías suelen presentar déficit de cuenta corriente por lo cual son más dependientes de financiamiento externo.
De todos los país de América Latina, el más vulnerable a una recesión es Argentina, porque lleva siete años en recesión y por su altísimo nivel de endeudamiento externo. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha anticipado un crecimiento negativo de -1,8% para el país en 2020.
Pero si el Pacto Social es una mala propuesta para la economía argentina, el “Plan B” del kirchnerismo es aún peor: comprende estrechar los vínculos y buscar aún mayor financiamiento con China y Rusia. Así se lo hizo saber el propio candidato del Frente de Todos a los funcionarios del FMI, con quienes se reunió el 26 de agosto en Buenos Aires, afirmando que cuenta con “una generosa propuesta de amplio financiamiento por parte de Beijing.
Además el “Plan B” contempla dinamizar nuestro comercio exterior exportando alimentos y otros productos a Venezuela, Cuba e Irán ayudando a estos países a burlar las sanciones internacionales. Lamentablemente, la experiencia indica que estos países, con sus ineficientes economías paralizadas, nunca pagan por las exportaciones recibidas.
Realmente, Argentina, más que el apoyo del papa Francisco necesitará de un verdadero milagro para que un programa de gobierno de tales características termine bien.
