Tras servir fielmente los intereses geopolíticos de Argelia en el Magreb traicionando a la población que dicen representar y a la que obligan a vivir de la caridad internacional, los dirigentes del Frente Polisario han caído en una suerte de “separatismo delictivo” donde más que servir a una causa justa lo que buscan es un enriquecimiento ilícito y descarado.
Como han denunciado en diversas ocasiones tanto la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, como la Cruz Roja Española y el Centro Europeo de Inteligencia Estratégica y Seguridad, los dirigentes del Polisario, en colaboración con algunos funcionarios argelinos, han establecido una estructura ilícita, cuyo propósito es sustraer la ayuda asignada por la comunidad internacional a la población de Tinduf para su posterior venta ilegal en los mercados africanos.
En una operación ilícita que deja una ganancia anual de al menos diez millones de euros a tanto a los dirigentes separatistas del Polisario como a sus socios argelinos.
Para llevar a cabo este delito doloso internacional de robo y estafa, esta estructura mafiosa colabora estrechamente con las redes criminales del norte de África, conocidas por sus conexiones con el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
Son varias las entidades humanitarios y las organizaciones no gubernamentales que han reiteradamente denunciado y suficientemente probado la vergonzosa realidad de la existencia de esta red de corrupción que condena a las mujeres y niños de los campamentos de Tinduf a la privación, la indigencia y la desesperación.
Ante este fraude varias autoridades reconocidas por su credibilidad han sido obligadas a suspender sus contribuciones, como es el caso de las ONG estadounidenses “The Association of the Bar of the City of New York”, “Teach the Children International” y la ONG española “Manos Limpias”.
Ahora se suma un nuevo hecho que no deja lugar a duda del alto nivel que la corrupción ha alcanzado en las filas del Frente Polisario. Recientemente el supuesto diputado Dih Mohammed Noucha, integrante, en representación del campamento de Smara, del pretendido “Consejo Nacional”, el órgano legislativo de ese imaginario Estado que los separatistas creen haber creado en sus campamentos argelinos y que nadie, salvo Argelia y sus amigos, reconoce, ha solicitado al cuerpo que integra la investigación y esclarecimiento de una gigantesca malversación de fondos.
Se trata, según Noucha, del robo de más de 56.000 millones de dinares argelinos (unos 2,5 millones de dólares) pertenecientes al presupuesto de la inexistente República Árabe Saharaui Democrática, por el personal encargado de las llamadas “representaciones del Frente Polisario en el exterior”.
Para impulsar su denuncia el “diputado” Noucha se encerró en las instalaciones del supuesto “Consejo Nacional” negándose a abandonarlas hasta el presidente del cuerpo Khatri Addouh, un dirigente nombrado directamente por el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali sin intervención legislativa, se comprometió personalmente a “ocuparse del tema”.
No obstante, en una corta sesión convocada al efecto el pasado 24 de enero, “Consejo Nacional” rápidamente rechazó la denuncia del “diputado” Noucha y se negó a abrir una investigación.
Esta es la forma habitual que emplea el Frente Polisario para encubrir los cada vez más frecuentes y graves hechos de corrupción que involucran a sus más altos dirigentes.
Cabe recordar que, tal como denunciaron diversos peticionarios ante la 4ta. Comisión de Naciones Unidas, los delitos dolosos de malversación y estafa cometidos contra una población confinada en campamentos constituyen delitos de lesa humanidad contemplados en el artículo 7°, del Estatuto de Roma, sancionado el 17 de julio de 1998, y el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, es responsabilidad de la Corte Penal Internacional (CPI), investigar estos delitos que entran en su jurisdicción como “crímenes de lesa humanidad” y por tanto imprescriptibles, y determinar las responsabilidades penales de todas las personas implicadas.
Algo que a la luz de las reiteradas denuncias existentes, a las que ahora se suman las de Dih Mohammed Noucha desde los mismos campamentos administrados por el Frente Polisario, la comunidad internacional no puede seguir ignorando.
