En enero de 2011, Túnez el Estado más pequeño del Magreb vivió la “Revolución del Jazmín” que puso fin a la dictadura de Zinedine el Abedin Ben Alí y abrió el ciclo de las “Primaveras Árabes” que provocaron crisis de gobernabilidad, cambios de régimen y en algunos casos cruentas guerras civiles en Egipto, Libia, Siria, Yemen y Barein.
La Primaveras Árabes no dieron origen a reformas democráticas duraderas. Las protestas populares pronto fueron capitalizadas por partidos religiosos o generaron dictaduras aún más violentas y represivas que aquellas que ayudaron a derrocar. Tal como sucedió en Egipto con el régimen dictatorial implantado por el general Al Sisi con ayuda del ejército.
Túnez, la cuna de estos movimientos, tampoco ha logrado consolidar su institucionalidad y encontrar la senda para un crecimiento sostenido.
Junto con Marruecos, Argelia, Libia y Mauritania, Túnez integra la región africana denominada Magreb. Pero, con sus escasos 163.000 km² de territorio sólo constituye el 2,37% de los más de seis millones de kilómetros cuadrados del Magreb.
Para plantearlo en términos sudamericanos. Túnez tiene la cuarta parte del territorio de Paraguay, pero el 40% de su territorio es desierto.
Pero, mientras que los paraguayos son tan sólo siete millones de personas, los tunecinos son más de once millones. Túnez con el 2,37% del territorio magrebí alberga el 12,64% de la población de la región.
Túnez y Paraguay tiene otra característica común, ambos países tienen una importante cantidad de sus ciudadanos viviendo en el extranjero. En 2012, 343.963 tunecinos vivían legalmente en la Unión Europea y posiblemente muchos más lo hacían en forma ilegal.
El próximo 14 de enero se cumplirán siete años desde el momento en que el vendedor callejero Mohamed Bouazizi, se inmolara al estilo “bonzo” para protestar contra el régimen de Ben Alí, dando comienzo así a la Revolución del Jazmín, sin que el país pueda salir de la crisis económica ni solucionar ninguno de los problemas socioeconómicos que provocaron las protestas en 2011.
Desde entonces los problemas estructurales de Túnez no se han solucionado, incluso se han acentuado: la falta de inversiones productivas extranjeras, la inestabilidad política, el incremento del accionar terrorista de los yihadistas, el turismo extranjero ha disminuido mientras que la corrupción y el clientelismo político se han incrementado.
Además, el endeudamiento externo se ha agravado después de que el gobierno solicitara al Fondo Monetario Internacional un crédito de 2.500 millones de euros.
El organismo financiero internacional demandó en contrapartida un plan de ajuste económico que incluye incrementos en los impuestos, reformas financieras y reducción del déficit fiscal con el despido de empleados de la administración pública.
En pocas palabras un plan económico claramente recesivo que incrementó la inflación al 6%, depreció el dinar en un 25% en los últimos dos años y aumentó la desocupación entre los jóvenes que aspiran a su primer trabajo por encima del 30%.
A falta de inversiones productivas que generen empleos genuinos, los gobierno tunecinos han recurrido al procedimiento habitual de muchos países del Tercer Mundo, contratar a más empleados públicos de los que son necesarios.
Desde 2011, la planta de empleados públicos se ha incrementado en 150.000 nuevos funcionarios. La administración pública tunecina con 800.000 trabajadores representa casi un 25% de la población con empleo formal, una cifra notablemente superior a la media de los países de la OCDE del 18%. Los sueldos de los empleados y funcionarios públicos insumen casi el 15% del PBI. Una cifra solo superada en el mundo por países con economías de capitalismo de Estado, como Cuba o Corea del Norte.
Un sector particularmente demandante de ingreso a la función pública está constituido por los jóvenes universitarios recientemente graduados y sin experiencia laboral. Conocidos en Túnez como “diplomés chomeûrs” (licenciados en paro), en sus filas prosperan licenciados en ciencias sociales y humanidades (graduados en filosofía, periodismo, sociología, historia, antropología, etc.) y no los ingenieros y expertos en informática que podría absorber la economía tunecina y las empresas extranjeras que operan en el país.
Los jóvenes graduados universitarios sin empleo, frustrados y politizados constituyen el fermento ideal para las protesta y para la radicalización yihadista. Fuentes occidentales de inteligencia estiman que unos tres mil tunecinos se han incorporado a las filas del Estado Islámico en Siria e Irak, en los últimos años.
Otros jóvenes frustrados eligen el suicido como salida. En los primeros once meses de 2018, se produjeron en Túnez 434 suicidios o intentos de suicidio entre los jóvenes de 26 y 35 años, muchos de ellos llevados acabo en lugares públicos inmolándose con fuego o ahorcándose.
El pasado 27 de diciembre las protestas resurgieron cuando Abderrazak Zorgui, un joven camarógrafo en paro decidió quitarse la vida en protesta por la crisis económica que afecta a las zonas marginadas del interior de Túnez.
“He decidido hoy desatar una revolución… Estoy harto de las promesas incumplidas”, dijo Abderrazak Zorgui mirando a la cámara en un mensaje grabado que luego difundió en las redes sociales. Veinte minutos después, se inmoló y murió a causa de las quemaduras mientras era atendido en el hospital.
Su suicidio tuvo lugar en la Plaza de los Mártires de la ciudad de Kasserine, capital de una de las provincias más pobres del país. Precisamente en una región lindante, Sidi Buzid, con una problemática social parecida, fue donde se encendió la primera chispa de la revolución de 2011. La muerte de Zorgui provocó una reacción de rabia entre los jóvenes de Kasserine, donde se han registrado enfrentamientos con la policía que dejaron un saldo de heridos y una treintena de detenidos. También se registraron disturbios, aunque de menor intensidad en las zonas de Terburba y Jebeniana.
La enorme desigualdad entre las provincias del litoral mediterráneo y las del interior del país fue uno de los detonantes de la revueltas de la Revolución del Jazmín. A pesar de la transición a la democracia, los habitantes de las zonas y barrios marginados se quejan de que nada ha cambiado para ellos después del derrocamiento de Ben Alí. En lugares como Kasserine, la tasa de paro juvenil supera el 50% casi duplicando la media nacional.
El mes de enero suele ser el más “caliente” en términos políticos en Túnez. En 2018, el Gobierno tuvo que recurrir al toque de queda para frenar una ola de protestas sociales que desembocó en disturbios nocturnos en diversas ciudades y dejó a más de mil personas detenidas.
En 2019, año en que tendrán lugar las elecciones generales, podría repetirse la misma situación, quizás agravada, pues la temperatura social se ha recalentado en los últimos meses y ya se oyen en las calles comentarios de que “en tiempos de Ben Alí estábamos mejor”.
El 14 de enero se cumple un nuevo aniversario de la inmolación de Mohamed Bouazizi, y el poderoso sindicato UGTT convocó para un paro general para el día 17 de enero, por lo tanto habrá que estar atentos, en los próximos días para ver como evoluciona la situación política en el pequeño país del Magreb.
