La Argentina tendrá, en 2019, un cargado calendario electoral que forzará a los votantes a concurrir en diversas ocasiones a las urnas y que generarán fuertes erogaciones fiscales y privadas que, sin embargo, pueden contribuir a reactivar, al menos parcialmente, a una economía en recesión.
En 2017, las elecciones legislativas (nacionales, provinciales y municipales) implicaron erogaciones superiores a seis mil millones de pesos, que con un dólar por debajo de los veinte pesos implicaban trescientos millones de dólares.
Desde entonces, la inflación subió 47,5% y el dólar se situó, al menos por el momento, en torno a los cuarenta pesos. Además, el aporte que hará el Estado para el financiamiento de las campañas electorales se triplicará a partir de este años. Por cada votante, el Estado pagará el 3,5 por mil (antes era 1,3 por mil) del valor asignado al Salario Mínimo, Vital y Móvil que esta fijado actualmente en $ 11.900.
Por último, en 2019, además de los cargos legislativos se elegirán autoridades ejecutivas: intendentes, gobernadores y presidente. Lo que abre la posibilidad para una segunda vuelta electoral.
Todos estos factores hacen difícil estimar a priori cuánto se gastará en los comicios de este año.
No obstante, es importante destacar que no todo el dinero invertido en las elecciones son una pérdida para el Estado sino que se reinvierten en la economía nacional, crean puestos de trabajo y reactivan la capacidad ociosa de empresas locales.
En 2015, por ejemplo, el Correo Argentino cobró por su participación en la distribución y recolección de urnas y el envío de telegramas, tan sólo en la provincia de Córdoba, 36,8 millones de pesos, que con un dólar a diez pesos eran 3,68 millones de dólares.
Un proceso similar ocurre con los gastos de seguridad para los comicios donde el Estado nacional y provincial se contratan a sí mismos. El Estado paga los salarios, viáticos, gastos de combustible, etc., del personal destinado a la custodia de los locales de votación y al traslado de las urnas. Dinero que ingresa al presupuesto de cada fuerza y se vierte, en parte, en el salario y pago de horas extra del personal asignado a estas tareas.
En otras palabras, el Estado se paga a sí mismo y a los empleados públicos que trabajan en los comicios en forma de horas extra, viáticos y contratos de mano de obra temporal.
Claro está que no todo el gasto electoral se reabsorbe en la economía nacional. La firma española Indra, por ejemplo, obtuvo importantes ganancias por llevar a cabo el recuento provisorio y la difusión pública de los datos de los comicios. Pero, aun así, Indra contrató mano de obra e insumos locales (además de pagar impuestos en el país) para llevar a cabo las tareas para la cual fue contratada.
Pero, si el gasto estatal en las elecciones es difícil de dimensionar, mucho más difícil es saber cuanto gastan los partidos políticos en una elección presidencial.
Los expertos estiman que un partido político o una alianza electoral que presente no sólo la candidatura presidencial, sino también candidatos a gobernador en las veinticuatro provincias y a intendentes en todos los municipios del país (acompañados de sus respectivos candidatos legislativos) deberá invertir en la práctica no menos de cien millones de dólares.
En un país donde los afiliados a los partidos políticos no pagan cuotas partidarias el financiamiento de las campañas electorales dependen por entero de los aportes del Estado y de los que realizan financistas privados: empresarios, sindicalistas e incluso contribuciones de algunos gobiernos extranjeros.
A medida que se va aproximando la fecha de los comicios, las firmas encuestadoras electorales son contratadas por el gobierno, por los partidos e incluso en forma individual por los posibles candidatos para llevar acabo las mediciones de opinión e imagen más diversas.
Los expertos en marketing político, los asesores de imagen, los asesores de prensa, custodios, etc. venden sus servicios a los candidatos y partidos.
Las imprentas trabajan intensamente para la impresión de gigantografías, pasacalles, volantes, afiches y otros materiales de propaganda, etc.
Los expertos en informática son contratados como “community managers” para atender la imagen de los candidatos en las redes, crear videos y memes u operar como trolls informáticos.
Los analistas políticos son cada vez más consultados y contratados para dar conferencias, asistir a mesas redondas o a programas televisivos y radiales.
Los periodistas tienen mayor material para informar, opinar y especular. Los menos éticos suelen ser incentivados para mejorar con sus artículos la imagen o dar mayor espacio a las actividades de un candidato. En algunos casos, incluso para ocultar algún escándalo. Los más célebres y con mayor audiencia suelen ser consultados y/o contratados por medios extranjeros.
Hacia el final de la campaña, incluso llegan equipos periodísticos extranjeros que contratan hoteles, traductores, vehículos y choferes locales durante sus estadías.
La industria publicitaria vende sus espacios (físicos, radiales, televisivos y de internet) a los políticos que deben instalar su imagen y a los partidos que necesitan dar a conoce sus propuestas.
Mucho dinero circulará por canales informales para financiar las actividades proselitistas de distinta naturaleza.
La organización de actos de masas demandan fuertes inversiones para alquilar locales (estadios deportivos, anfiteatros, salones de fiestas, etc.), convocar y movilizar a los asistentes, contratar micros, alquilar equipos audiovisuales, luminarias, efectos especiales (bengalas, bombas de humo y estruendo, etc.), pinturas, bebidas, alimentos, banderas y otras parafernalias.
Todo ello sin hablar de la distribución de fondos extra a los militantes involucrados en la organización del evento y, más tarde, a los que reclutarán fiscales para controlar los comicios el día de la votación, e incluso para el pago de esos fiscales partidarios.
Los candidatos además deben recorrer la extensa geografía del país si se postulan para cargos nacionales o al menos de sus provincias e intendencias. En estos traslados el candidato nunca viaja solo, siempre lo hace con parte de su equipo de campaña, según sus posibilidades presupuestarias.
Para sus traslados los candidatos suelen emplear aviones, micros y flotas de automóviles. En ocasiones cedidos por empresas y en otros alquilados. Pero, en todos los casos el equipo de campaña suele hacerse cargo de los salarios y viáticos de los pilotos, choferes y personal de seguridad.
En ocasiones deben enviarse “equipos de avanzada” o trasladar una flota de automóviles para brindarán apoyo local al candidato a su visita a una localidad alejada. En otros casos, se desplazan un par de micros cargados de manifestantes para dar una mayor presencia de masas al candidato en una localidad donde sus simpatizantes son escasos.
Todos estos gastos se incrementan cuando hay que sumar los costos de la hotelería y viáticos del personal de campaña y apoyo que se traslada y, en ocasiones, debe permanecer varios días fuera de sus bases.
Estos gastos de traslado, alojamiento y viáticos también deben ser afrontados por los medios de prensa que desplazarán a sus periodistas para cubrir una campaña o que deben contratar los servicios de medios o periodistas locales.
Pero, lo que son gastos para unos son oportunidades de negocios para otros. Los hoteles que alquilan sus habitaciones y salones de conferencias, estaciones de servicio que venden más combustible, bares y restaurantes locales que reciben a los clientes de visita, personal de seguridad que tiene una sobrecarga de trabajo pero también cobran horas extras.
El día de la votación, además de organizar un ejército de fiscales para controlar la votación, los partidos deben organizar un sistema logístico para distribuir boletas adicionales (porque suelen ser robadas de los cuartos oscuros), distribuir viandas a los fiscales y coordinar los relevos de los fiscales cuando es necesario que interrumpan su labor para descansar o ir al baño.
Todo ello sin hablar de los pagas ilícitos para captar voluntades y “comprar votos” que siempre forman parte de la “distribución de recursos” que acompañan a los años electorales.
Resumiendo, el desarrollo de un proceso electoral implica grandes movimientos de fondos que constituyen una suerte de “gasto keynesiano” que moviliza la economía de los países cuando se llevan a cabo elecciones y redistribuye fondos del Estado y la política hacia la sociedad.
