UN CRIMEN SIN SENTIDO
La sociedad ecuatoriana se encuentra fuertemente conmovida por el asesinato de tres periodistas del diario El Comercio, secuestrados el pasado 26 de marzo en la zona de Mataje, en la provincia ecuatoriana de Esmeralda, frontera con Colombia, mientras realizaban una cobertura periodística sobre recientes hechos de violencia en la región.
Desde el pasado 7 de enero efectivos militares y policiales han sufrido diversos ataques -atentados explosivos, tiroteos con armas automáticas e incluso disparos de morteros- que provocaron al menos cuatro muertos y un centenar de heridos de diversa consideración, en las localidades de San Lorenzo, Mataje y Viche en la provincia de Esmeralda.
Los ataques son responsabilidad del Frente Oliver Sinisterra una de las llamadas “disidencias” de las FARC.
GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS RESIDUALES
Los integrantes de este grupo narcoterrorista anteriormente formaban parte de la columna Daniel Aldana del Frente 29 de las FARC.
Las disidencias de las FARC -que el gobierno colombiano denomina “Grupos Armados Organizados Residuales” (GAOR)- son frentes o grupos de guerrilleros que no aceptaron desmovilizarse -es decir, ir a las zonas veredales, entregar sus armas y hacer el tránsito hacia la vida en la legalidad y la paz- como lo estipula el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia y la organización narcoterrorista, en 2016.
Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- constituyen un serio desafío a la paz y la seguridad tanto de Colombia como de sus países vecinos: Ecuador, Brasil y Venezuela. Estas narcoguerrilla han minado la confianza sobre el actual proceso de paz.
El número de narcoguerrilleros que continúan en actividad es incierto. Las cifras varían entre los 1.000 y 1.400 combatientes según las fuentes. Los mismos se encuentran distribuidos en decenas de grupos de diversas dimensiones.
FRENTE OLIVER SINISTERRA
Oscar Armando Sinisterra Sevillano, cuyo alias en la organización era “Oliver”, era un líder de las FARC de la localidad de Nariño que cayó en combate en febrero de 2015.
Sus hombres tomaron el nombre de “Oliver Sinisterra” para denominarse al separarse de las FARC, en 2016.
Hoy el Frente Oliver Sinisterra cuenta con aproximadamente 250 combatientes que antes pertenecían a las Columnas Móviles Aldana y Mariscal Sucre del Frente 29 de las FARC que se negaron a desmovilizarse y responden al comando de Walter Arizala Vernaza, alias “Guacho”, el narcotraficante más buscado en Colombia y Ecuador y por quien se ofrece una recompensa conjunta de 247.000 dólares.
ALIAS “GUACHO”
Walter Arizala Vernaza es colombiano, aunque nació en proximidades a la frontera con Ecuador y cuenta con parientes radicados en el pequeño poblado de Limones en la provincia costera de Esmeraldas.
Alias “Guacho” ingresó a las FARC, en 2007, reclutado por alias “Alexis” o “Tachuela”. Ascendió rápidamente en la estructura del grupo narcoterrorista hasta alcanzar el rango de “comandante”.
En su carrera criminal de más de una década, alias “Guacho” se destacó como responsable financiero y experto en explosivos. Precisamente, el Frente Oliver Sinisterra es responsable por nueve ataques con explosivos en Ecuador durante los primeros meses de 2018.
Arizala Vernaza fue también el encargado de organizar las redes de tráfico de cocaína por las rutas y corredores terrestres que unen el Alto Mira y la frontera de Tumaco (Nariño) con cabo Manglares en el Océano Pacífico, como así también las rutas con Carchi y Esmeraldas en Ecuador, especialmente en la región del río Mataje, que delimita la frontera entre ambos países.
Cuando en 2016, las FARC acordaron desmovilizarse para cumplir con el proceso de paz, los hombres del Frente 29 decidieron transformarse en Frente Oliver Sinisterra para impedir que grupos guerrilleros pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional -ELN- y a las Guerrillas Unidas del Pacífico -GUP- se apropiaran de sus campos de cultivo y rutas de tráfico. Cabe destacar que ni el ELN ni las GUP pertenecieron nunca a las FARC.
El Frente Oliver Sinisterra organizó sembradíos de coca, comenzó a cobrar por protección a otros grupos de narcotraficantes, a recaudar “impuestos revolucionarios” de los habitantes de la región y a reclutar nuevos combatientes en la región de Tumaco (Nariño) y a ambos lados de la frontera colombo – ecuatoriana.
Pronto el Frente conducido por alias “Guacho” estaba administrando un lucrativo “negocio” que las autoridades colombianas estiman genera 25 millones de dólares semanales.
NARCOTRÁFICO Y GUERRILLA EN ECUADOR
Un informa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, elaborado en 2016, señalaba que Ecuador era un país de tránsito de precursores químicos para el procesamiento de drogas ilegales y también era particularmente vulnerable por la delincuencia organizada trasnacional. En el mismo documento se agregaba que Ecuador figuraba como “uno de los países por los que más droga transitaba” hacia los Estados Unidos y Europa.
Al mismo tiempo sostenía que en este país operaban algunas de las principales organizaciones criminales trasnacionales, incluidos los carteles mexicanos de los Zetas, Sinaloa y el Golfo y, por supuesto, las disidencias de las FARC.
La presencia de grupos narcoterroristas en la frontera colombo – ecuatoriana es antigua, y precisamente, bajo los dos periodos presidenciales de Rafael Correa la actividad de estas organizaciones criminales se incrementó considerablemente deteriorando las relaciones bilaterales.
Durante más de una década, el bolivariano Hugo Chávez se negó sistemáticamente a considerar a las FARC como una organización narcoterrorista. En total sintonía, Rafael Correa hizo otro tanto.
En una entrevista televisiva, el mandatario ecuatoriano calificó a las FARC como: “grupos irregulares. Ningún país de América Latina los llama terroristas, ni siquiera el gobierno colombiano, no antes de Uribe”, dijo.
Durante la llamada “Operación Fénix”, un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana, con la posterior incursión de helicópteros y personal de infantería, realizado en una zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población de Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el 1 de marzo de 2008, provocando la muerte de 22 guerrilleros, incluyendo el número dos del Secretariado de las FARC y responsable de las relaciones internacionales de la organización narcoterrorista, Luis Édgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”; se capturó abundante material documental que probaba los vínculos de Correa con la guerrilla colombiana.
El ataque contra Reyes y la revelación de los contactos de Correa con las FARC desataron una crisis diplomática. Correa para defenderse acusó al presidente Álvaro Uribe y a su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, de violar el territorio y la soberanía de Ecuador y prometió una investigación independiente que nunca se llevó a cabo.
Pero, Rafael Correa dejó la presidencia, en mayo de 2017, y sus pactos con las FARC y sus eventuales herederos caducaron. Especialmente, porque el presidente Lenin Moreno maniobró para evitar que Correa regrese a la presidencia en 2021.
La política del presidente Moreno de combatir al narcotráfico sin ningún tipo de concesiones o pactos en las sombras y su enfrentamiento con Rafael Correa explican la creciente actividad guerrillera en la zona fronteriza con Colombia y los recientes ataques del narcoterrorismo colombiano a las fuerzas armadas y policiales ecuatorianas dentro de su territorio.
LA TRAGEDIA
El 26 de marzo, los narcoguerrilleros se toparon con el equipo de periodistas del diario El Comercio. El equipo periodístico estaba integrado por el cronista Javier Ortega (32), el fotógrafo Paul Rivas (46) y su chofer y asistente Efraín Segarra (60).
Las últimas noticias de los periodistas con vida se obtuvieron el pasado 3 de abril. Los guerrilleros enviaron como prueba de vida de un vídeo donde los prisioneros aparecían de pie y sujetos por cadenas. Pero la filmación carecía de fecha que permitiera establecer cuando había sido grabado.
El viernes 13, el presidente Lenin regresó de Lima donde participaba de la Cumbre de las Américas, para confirmar en Quito la muerte de los periodistas.
“Con profundo pesar -dijo el presidente ecuatoriano- lamento informar que se han cumplido las doce horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”.
El primer mandatario ecuatoriano anunció, además, que se reanudaron las operaciones antiguerrilleras en la frontera con Colombia y ofreció una recompensa por información que permitiera la captura del “narcoterrorista, alias Guacho” a quien se incluyó entre los “más buscados de Ecuador”.
Por supuesto el Frente Oliver Sinisterra responsabilizó a las autoridades ecuatorianas y colombianas por la muerte de los infortunados periodistas.
En un comunicado el Frente afirmó que estaba dispuesto a entregar a los periodistas con vida pero que la respuesta del gobierno fue militar: con “más tropas, más gringos, más militares colombianos en Ecuador, más represión.”
Los narcoguerrilleros argumentaron que los tres periodistas murieron “en un intento fallido de asalto de las fuerzas militares ecuatorianas y colombianas en las montañas de la frontera.”
Por último, el Frente Oliver Sinisterra pidió garantías y la participación de “organismos internacionales” para la entrega de los cadáveres de los periodistas ecuatorianos.
El comunicado concluye con el lema: “Nuestra nacionalidad es donde nacimos… ¡Nuestra patria es América! Y señala “¡Montañas de Colombia!” Como el lugar donde fue redactado.
Las autoridades ecuatorianas creen que los periodistas fueron ejecutados por disparos de armas de fuego y que su muerte se produjo en territorio colombiano a donde los condujeron sus captores.
No obstante, aún no se recuperaron los cuerpos de los infortunados periodistas, pero la sociedad ecuatoriana no logra superar su estupor y dolor.
CONCLUSIONES
La tragedia ecuatoriana demuestra los límites del acuerdo de paz que debían terminar con las actividades criminales de las FARC.
En realidad, la organización madre se fragmentó en decenas de pequeños grupos más dinámicos y radicalizados. Por lo tanto, más peligrosos.
El proceso de paz en Colombia, que tantos apoyos internacionales recibió y que proporcionó el premio Nobel al presidente Juan Manuel Santos, en la práctica ha brindado pocos beneficios reales al pueblo colombiano. Ahora sus perjuicios desestabilizadores se proyectan a los países de la región, comenzando por Ecuador.
