El presidente Lenin Moreno, apoyado por la mayoría de los partidos políticos ecuatorianos, medirá fuerzas con su mentor y predecesor, Rafael Correa (2007 – 2017) en una consulta popular y referéndum a realizarse el 4 de febrero de 2018, cuando algo más de trece millones de ciudadanos concurran a las urnas a un costo de 48 millones de dólares.
La consulta popular pretende dirimir las diferencias surgidas entre Correa y quien se estimaba sería su Delfín y “cuida silla”. Se suponía que Lenin Moreno sería tan solo un presidente de transición hasta que el fundador de la “Revolución Ciudadana” pudiera retornar a la presidencia y eternizarse en ella gracias a una oportuna cláusula de “reelección indefinida” introducida en la Constitución.
Pero, como es sabido, en ocasiones “el hombre propone y Dios dispone”.
Lenin Moreno no se resignó al papel subordinado que le asignó Correa y, dando muestras de un coraje político y una independencia de criterio que pocos imaginaban, emprendió la difícil tarea de desarmar la estructura de poder populista autoritario erigido durante una década por el ex mandatario.
Aunque en un principio Rafael Correa confiaba en Moreno y lo consideraba como un instrumento dócil a sus directivas, sus preferencias estaban más en favor de su vicepresidente Jorge Glas.
Pero Lenin Moreno era una figura menos conflictiva -sobre Glas pesaban serias sospechas de corrupción- y media mejor en los sondeos preelectorales. Entonces la fórmula presidencial del oficialista Alianza País fue Lenin Moreno – Jorge Glas.
Pero, desde el mismo momento del desarrollo de la campaña presidencial comenzó a gestarse -aunque en forma incipiente- un núcleo morenista apartado del correísmo.
En este sector se inscribían algunos amigos, familiares y políticos oficialistas que se sentían más cómodos con un candidato conciliador y menos personalista que Correa.
Entre los más visibles se posicionaron la Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS), Centro Democrático y Compromiso Social. Hombres de sus filas alcanzaron luego cargos en el Poder Ejecutivo de Ecuador.
Tal fue el caso del coordinador nacional del COS, Ricardo Bueno, intendente zonal de Loja en la Superintendencia de Control de Mercado y hermano de Julio Bueno, asesor en la Presidencia de la República.
También adquirió relevancia la agrupación “Ecuador Unido”, impulsada por los hermanos del presidente: Edwin y Guillermo Moreno.
Al alcanzar la presidencia, en mayo de este año, Moreno abrió de inmediato canales de contacto con su rival, el opositor Guillermo Lasso, un empresario, líder del partido CREO. También buscó ampliar su base social con un acercamiento a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y hasta líderes de partidos minoritarios de derecha, centroizquierda y socialdemócratas tradicionalmente opuestos a Correa.
Estos contactos y las primeras denuncias sobre la realidad económica que había dejado Correa -quien dejó la presidencia afirmando que Ecuador vivía en mejor momento económico de su historia y que sólo era cuestión de mantener los grandes logros de su gestión- generaron chispazos en el seno de la “revolución ciudadana”.
La célebre frase de: “la mesa no está servida” se convirtió en la bandera de Lenin Moreno para denunciar que el país atravesaba una delicada situación económica, en especial por la deuda externa de más de 40.000 millones de dólares heredada y que demandaba la aplicación de dolorosas medidas de emergencia.
Luego Moreno anunció que había encontrado irregularidades en más de 640 obras públicas que quedaron inconclusas del anterior gobierno.
El 18 de julio, Correa se refugió en Bélgica para evitar ser citado por la justicia en vinculación con las coimas millonarias pagadas por la firma de construcciones brasileña Odebrecht en Ecuador.
El presidente dio un amplio respaldo a las actuaciones de la justicia contra ex funcionarios de Correa acusados de corrupción. Pronto varios importantes funcionarios de la empresa petrolera estatal, dos ex ministros de Correa y el mismo vicepresidente de la República, Jorge Glas, a quien Lenin Moreno le quitó todas las funciones, fueron detenidos en la Cárcel 4 de Quito.
Inmediatamente, la Contraloría General de Ecuador destituyó al vicepresidente Jorge Glas y Lenin Moreno nombró en su reemplazo a María Alejandra Vicuña en ese cargo, aplicando lo establecido en el artículo 150 de la constitución ecuatoriana.
El presidente Lenin Moreno busca recortar el poder residual de Rafael Correa a través de una consulta popular de siete preguntas que entre otras cosas pretende dejar sin efecto la reelección indefinida en cargos públicos que la Asamblea Nacional aprobó inconstitucionalmente en diciembre de 2015.
La respuesta de Correa no se hizo esperar. Impulso a través de sus aliados dentro del partido Alianza País la remoción de Lenin Moreno de su cargo de presidente del partido y nombro en ese cargo a ex ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, una de sus principales espadas. Patiño calificó a Moreno como “enemigo de la revolución ciudadana” y anunció el próximo regreso del ex presidente Correa para “acompañar” el proceso de “fortalecimiento” del partido.
Tras la divulgación de la resolución, ministros de estado y militantes de Alianza País se reunieron en el Palacio de Carondelet para ratificar su respaldo a Lenin Moreno y reiterar que lo reconocen como el presidente de su partido.
Posteriormente, un tribunal de garantías penales de Quito dejó sin efecto la determinación anunciada por la directiva de Alianza País y se negó a inscribir la designación de su reemplazante. El tribunal recordó que la remoción del presidente del partido solo puede hacerla la Asamblea Nacional de Alianza País.
De esta manera se formalizó la división del partido de gobierno en Ecuador un proceso que lleva gestándose varios meses.
Finalmente, en la madrugada del 25 de noviembre, Correa regresó al país. A su arribó se produjeron fuertes incidentes en el Aeropuerto de Guayaquil entre sus partidarios y grupos opositores pertenecientes al partido Fuerza Ecuador, que lidera el ex presidente Abdala Bucaram, que fueron a escracharlo y a expresar su rechazo por ese regreso. Correa debió alejarse del Aeropuerto sin pronunciar discurso alguno o dar una conferencia de prensa, dejando una imagen de huida al abandonar la terminal por un acceso no tradicional a bordo de un vehículo con vidrios polarizados.
Si bien, una vez en el país, Correa multiplicó sus encuentros con partidarios y funcionarios que continuaban fieles a sus directivas, pero no pudo hacer nada para revertir su aparente declinación política.
Incluso la prensa lo trató impiadosamente. La cadena internacional CNN aprovechó la ocasión para ajustar cuentas por la forma autoritaria con que, en sus tiempos de presidente autocrático, trataba al periodismo.
El 28 de noviembre mantuvo un amargo encuentro con el periodista de la CNN en español, Fernando del Rincón, quien no dudó en recordarle las agresiones a la libertad de prensa, con clausura de medios y juicios millonarias contra los periodistas, ocurridos durante sus dos períodos presidenciales. El hecho se produjo luego de que Correa condenara una supuesta censura de los medios en su contra, tras su llegada a Ecuador. Del Rincón también lo cuestionó sobre su responsabilidad política en los hechos de corrupción que involucran a cercanos colaboradores suyos en las investigaciones del escándalo Odebrecht. Fue un momento inusualmente amargo para un personaje con muy baja tolerancia a la frustración como es el ex presidente.
El objetivo del retorno de Correa era cohesionar a sus partidarios, expulsar del partido Alianza País a la facción que responde al presidente Lenin Moreno y por sobre todas las cosas frenar la consulta popular propuesta por el actual mandatario.
La consulta popular promovida por el gobierno preguntará en febrero a los ecuatorianos sobre siete puntos puestos en vigor durante el gobierno de Rafael Correa. El tema central de la consulta se referirá a la abolición de la reelección indefinida del presidente y de otros cargos de elección popular.
También se consultará sobre la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, que elige a las autoridades de control del país -contralor, procurador, superintendentes- y que está controlado por delegados del Poder Ejecutivo, quienes pasarían a ser electos por voto popular.
Además, se consultará sobre el incremento de la superficie del Parque Nacional Yasuní, la prohibición de la minería metálica en zonas protegidas y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los niños.
El ex presidente reaccionó declarándose “opositor” al gobierno de Lenin Moreno que ayudó a encumbrar tan sólo ocho meses antes. Luego calificó de “golpe de Estado” la decisión de celebrar la consulta, alegando que su sucesor trata de “aniquilar al país, como hace veinte años”, según manifestó el ex mandatario en un encuentro con los medios de comunicación celebrado en la sede del partido político que comparte con el presidente Moreno.
Correa argumentó que la consulta es inconstitucional y que a diferencia de lo que suele argumentar el actual mandatario, la Constitución de Montecristi (2008) no recoge o menciona el concepto de alternativa.
“Todos estos folklores son para impedir que yo vuelva”, refirió el ex presidente a los medios, antes de defender que la consulta contraviene a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que limita la concurrencia de un mismo postulante a gobernante por limitaciones de edad, nacionalidad, antecedentes penales o condición mental, pero no por el hecho de haber resultado electo en el pasado.
Ambas facciones de Alianza País -correístas y morenistas- disputan por el control del partido. Han nombrado sus propias autoridades y los “correístas” organizaron un simulacro de Convención Nacional, en la hostería La Pradera, en el kilómetro 7,5 vía Atacama, próxima a la localidad de Esmeralda, este domingo, con la intención de expulsar sus opositores. Aunque Correa afirma haber reunido a 1.272 delegados del partido, la convocatoria careció de legalidad.
Curiosamente, mientras el presidente Lenin Moreno es duramente cuestionada por Rafael Moreno y sus partidarios en Alianza País, cuenta con una aprobación popular del 60% y con el apoyo de los partidos políticos anti-correístas que apoyan la realización de la consulta popular: el Partido Social Cristiano, Creo, Fuerza Ecuador, SUMA Y PK.
Se abre así una trascendental etapa de campaña electoral en Ecuador. Ahora, solo resta aguardar hasta el próximo 4 de febrero de 2018 para saber si el país está listo para enterrar la “revolución ciudadana” de Rafael Correa o, si por el contrario todavía hay margen para una recaída populista que retrotraiga el reloj de la historia.
