El proceso de paz en Colombia no deja de despertar dudas y provocar críticas. Las FARC han depuesto sus armas, las han entregado y han declarado los fondos y bienes que han acumulado tras décadas de recaudar millonarios rescates en secuestro extorsivos, “impuestos revolucionarios” y, especialmente, operar como la mayor organización de narcotráfico de Sudamérica.
Sin embargo, aproximadamente setecientos combatientes del grupo terroristas han rechazado el acuerdo de paz negándose a dejar la “lucha armada” y continúan operando como una narcoguerrilla, al igual que las Bancrim y el ELN.
Mientras tanto, algunos expertos afirman que la mayor parte de los fondos reunidos por las FARC se encuentran ocultos, depositados en paraísos fiscales o incluso en Cuba y Venezuela.
Mientras tanto, la dirigencia de la FARC, integrada por los guerrilleros de mayor edad que llevan décadas combatiendo en la selva y viviendo en la clandestinidad, se preparan para cambiar de vida y transformarse en políticos tradicionales.
Para estos hombres curtidos en la lucha armada, que en promedio superan el medio siglo de vida, ha llegado el momento de “jubilarse”, dejar las armas y encarar un retiro activo y más gratificante como senadores y diputados.
Es así como, sin haber confesado sus crímenes y expresado su arrepentimiento como se estableció en el acuerdo de paz, las FARC, que a lo largo de cinco décadas provocaron 250.000 víctimas fatales, se transformaron en un partido político legal e incluso proclamaron sus candidatos para las elecciones generales de 2018. En esta forma las FARC dejaron a tras un pasado de violencia sin rendir ninguna cuenta por sus crímenes.
Al margen del mecanismo de reinserción establecido en el acuerdo de paz de noviembre de 2016, el Consejo nacional Electoral otorgó, la semana pasada, el reconocimiento como partido legal a la “Fuerza Armada Revolucionaria del Común”, extraño nombre para una agrupación política que competirá democráticamente en elecciones, pero que permite a sus miembros conservar la sigla histórica de “FARC”, con la cual se la ha identificado por décadas, tanto en Colombia como en gran parte del mundo.
Inmediatamente, las FARC anunciaron sus candidatos para las elecciones presidenciales del año próximo. La fórmula presidencial estará integrada por Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko” y la economista Imelda Daza.
Timochenko, que en el pasado enfrento cargos criminales por asesinato, secuestro y terrorismo, pero al que el Acuerdo de Paz, le otorga derechos civiles y políticos, enfrenta problemas de salud y se encuentra convaleciente en La Habana. En tanto que Imelda Daza, antigua militante del partido “Unión Patriótica”, estuvo exiliada en Suecia durante más de veinte años. Desde el año pasado, Daza formó parte del movimiento político “Voces por la Paz”, ligado a las FARC y ha ejercido como su representante en el Congreso colombiano.
Los candidatos a cargos legislativos son designados por los “nombres de guerra” que empleaban como seudónimos en sus tiempos de combatientes guerrilleros: Jesús Santrich es candidato a la Cámara de Representantes, en tanto que los candidatos al senado son Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Sandra Ramírez (viuda de Manuel Marulanda “Tiro Fijo”, líder histórico de las FARC) y Benkos Biojó.
Además, las FARC han presentado candidatos para los cinco departamentos más poblados de Colombia: Bogotá, Antioquía, Atlántico, Valle de Cauca y Santander.
Mientras que, en las demás regiones del país, las FARC apoyarán a “candidatos de convergencia social y democrática comprometidos programáticamente con la implementación de los acuerdos y las necesidades sociales populares”, dijo el vocero Iván Márquez, agregando: “Creo que hay muy buenas posibilidades para el entendimiento político con otras fuerzas. Nosotros nos la vamos a jugar por los departamentos con mayor votación”.
Las elecciones para renovar la totalidad del Senado y la Cámara de Representantes se celebrarán en marzo de 2018 y la primera vuelta de la elección presidencial tendrá lugar en mayo.
Según el acuerdo de paz, las FARC tienen garantizados cinco escaños en el Senado e igual cantidad en la Cámara de Representantes. La incógnita reside en saber si los ex guerrilleros serán capaces de conseguir un mayor número de cargos legislativos a través de los votos, algo que ellos dan por descontado.
