LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA
Pese a la insistencia de los optimistas que aseguraban que finalmente “no pasaría nada” y que los catalanes no estaban locos para separarse de España, finalmente si pasó.
Ante las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución española que permite intervenir a cualquier gobierno autonómico que atente contra el orden constitucional, el jefe del Govern, Carles Puigdemont, con el apoyo de los partidos de izquierda y anticapitalistas Junts Pel Sí y las CUP votaron en el Parlament la declaración de independencia de Cataluña.
De la votación tomaron parte los 83 diputados pertenecientes a Junts Pel Sí, las CUP, Sí Que Es Pot y el diputado Germá Gordó, los diputados que integran el Partido Popular de Cataluña, el Partido Socialista Catalán y Ciudadanos se retiraron del recinto para no tomar parte en la votación.
La votación se efectúo en secreto y mediante el empleo de una urna para evitar responsabilidades legales a los diputados por el acto de sedición. La declaración de independencia se aprobó por 70 votos a favor, 10 en contra, 2 en blanco y una abstención.
La declaración aprobada dice: “Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.”
Cuarenta y cinco minutos después el Senado de España aprobó la autorización al Gobierno central, con 214 votos a favor del Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición Canaria, frente a 47 votos en contra de Unidos Podemos, ERC, PdeCat, PNV, EH Bildu y Compromis, y la abstención de Nueva Canarias, la autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución española y restaurar el orden constitucional en la Autonomía.
El ex presidente de la Generalitat de Cataluña y senador socialista José Montilla y el ex presidente de Baleares, el también socialista Francesc Antich, se ausentaron del recinto durante la votación.
Inmediatamente, Rajoy cesó por real decreto a Carles Puigdemont, a su sustituto Oriol Junqueras y a todos los consellers de su Govern. Sin embargo, no será Rajoy quien asuma las funciones de gobierno en Cataluña sino la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. También decidió que los Ministerios pasen a dirigir la Administración catalana. También decretó el cierre de las delegaciones que la Generalitat había abierto en los últimos años en ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o París. Ha declarado extintas las oficinas de Puigdemont, de Junqueras y el Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).
Además, Rajoy ha suprimido órganos secesionistas como el Consejo Asesor para la Transición Nacional (llamado ahora Instituto de Estudios para el Autogobierno que lideraba el jurista y exmagistrado del TC Carles Viver Pi-Sunyer); la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña. Al tiempo que mantuvo la oficina de la Generalitat en Bruselas, pero cesó a su director, Amadeu Altafaf, lo mismo que al delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell.
Además, se estableció el cese del secretario general del interior de la Generalitat, César Puig, al secretario de Seguridad Pere Soler y el director general de los Mossos d´Esquiadra, comisario mayor Joseph Lluis Trapero Álvarez.
Por último, el jefe de Gobierno de España, Mariano Rajoy también dispuso la realización de elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 21 de diciembre a los efectos de renovar las autoridades autonómicas y poner fin a la intervención.
Hasta aquí las medidas formales. La implementación y el acatamiento de las mismas está por verse.
LA RESISTENCIA CIVIL
Las reacciones internas han sido dispares, ex funcionarios como Pere Soler y Trapero acataron su cese, pero Carles Puigdemont no se da por cesado como presidente de la Generalitat, ha pedido hoy “paciencia, perseverancia y perspectiva” a los catalanes para “defender las conquistas conseguidas hasta hoy” y mantener una “oposición democrática” a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Puigdemont ha dejado claro que no acata la aplicación del 155: “Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y a la vez buscar la máxima estabilidad y tranquilidad, entendiendo las dificultades lógicas que comporta una etapa de esta naturaleza, que nuestro país no ha recorrido nunca”.
El Govern de Carles Puigdemont, tiene además previsto reunirse durante el día de hoy con diversas tareas sobre la mesa, entre ellas debatir la posibilidad de convocar unas elecciones “constituyentes” para finales de año.
Los miembros del Govern no contemplan acatar su cese y preparan los siguientes pasos a dar para desarrollar el encargo recogido en la resolución aprobada ayer por el Parlament.
En la resolución independentista votada ayer, el Parlament instaba al Govern a aprobar los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que creaba un marco legal catalán-, que suspendió el Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado prepara su querella por el delito de rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por el Parlament, una acción penal que afectará al menos a los miembros del Govern y a los de la Mesa del Parlament que permitieron la votación.
Si el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se empeña en seguir ejerciendo un cargo del que fue destituido incurrirá en el delito de usurpación de funciones. El cese de Puigdemont implica que deja de cobrar como presidente y que ya no puede firmar como tal. Podría intentar percibir una remuneración como expresidente de la Generalitat, pero para eso necesitaría hacer una petición concreta solicitándolo.
Mientras tanto las CUP, PDeCat, ERC, ANC y Ómnium Cultural se aprontan para implementar la resistencia civil. Estas organizaciones están tratando de implementar actuaciones que pongan trabas al control de la Administración catalana por parte del Gobierno central.
Para ello han impulsado la creación de un total de 150 “Comités de Defensa del Referéndum” (llama la atención en empleo de una sigla similar a los castristas “Comités de Defensa de la Revolución” que actúan en Cuba).
Los independentistas afirman que estos comités, especialmente en pueblos, “suelen ser espacios muy plurales y muy transversales. Hay gente de partidos políticos, de asociaciones de vecinos, de entidades cívicas y culturales, del tejido asociativo…”
En las grandes ciudades, en cambio, los CDR están en manos de la CUP. “Tenemos planes de emergencia desde hace semanas para hacer frente a cualquier eventualidad. Y ante el 155, no solo hay un plan B, sino un plan C y un plan D, depende de cómo se intente aplicar la intervención del Govern”, destacan fuentes de estos comités. Estas fuentes aseguran que “no somos sóviets, como se nos ha dicho muchas veces. No actuaremos como tales ni tampoco usaremos la violencia. Pero pondremos nuestros cuerpos delante para evitar que el Gobierno español tome nuestras instituciones”.
Se trata de la estrategia de la resistencia civil. Destinada a “defender nuestras instituciones con todos los medios a nuestro alcance no quiere decir tirar tiros. Evidentemente, si hacen algo, reaccionaremos con determinación. E incluso se podría decir que con mayor o menor riesgo”.
Las CUP también ha distribuido entre su militancia y a través de las redes una serie de consejos para hacer frente a una supuesta “etapa de represión”.
REPERCUSIONES INTERNACIONALES
Los gobiernos de los principales países del mundo -entre ellos EE. UU. Alemania, Reino Unidos y Francia e incluso Andorra-, como así también destacadas organizaciones pluriestatales como la Unión Europea, la ONU y la OTAN se han encolumnado uniformemente en favor de España y en contra de la declaración unilateral de independencia.
En otros países europeos también existen regiones con aspiraciones separatistas que siguen con mucha atención el resultado de la experiencia catalana. Por lo consiguiente, ningún gobierno europeo se atreve a alentar el separatismo de los catalanes.
Incluso los países de América Latina, donde existen migrantes de origen español y catalán, han expresado su apoyo y solidaridad con el Reino de España, en especial, Argentina, México y Colombia.
Una eventual república catalana solo podría contar con el apoyo de la aislada Venezuela, de Rusia, Kosovo y algún otro país paria del sistema internacional. Pero, aún los gobiernos de estos países han preferido, al menos por el momento, guardar prudente silencio sobre la proclamación de la república catalana.
Sin embargo, distintos gobiernos y organizaciones internacionales han dado a entender muy claramente que esperan que el diferendo con los catalanes se resuelva por vía del consenso y la aplicación de mecanismos democráticos.
La situación en España irá evolucionando en las próximas semanas. Pero cualquier escenario que implique violencia o represión por parte de las autoridades españolas puede resultar negativo para la exitosa resolución del diferendo.
De producirse una represión por parte de la Policía Nacional o la Guardia Civil podría terminar inclinando la balanza en favor de los independentistas en las elecciones de diciembre. También podría atentar contra el férreo apoyo internacional de que hoy disfruta el gobierno de Mariano Rajoy.
La situación actual en Cataluña es de un final abierto.
