El sistema de salud argentino en las últimas décadas ha enfrentado graves cuestionamientos respecto de su funcionamiento como órgano de distribución de medicamentos. La falta de entrega de estos medicamentos ha llevado a distintas ONG´S del país a litigar a los efectos de lograr la distribución. En muchos otros casos diputados y senadores plantearon la modificación de la legislación vigente (PLAN MÉDICO OBLIGATORIO) y en otras circunstancias se ha planteado la introducción de nuevas políticas públicas tendientes a mejorar el funcionamiento de los órganos administrativos encargados de velar por el correcto funcionamiento de las normas que se relacionan con las cuestiones ligadas a la salud.
En la Argentina una de las instituciones que debe desarrollar y desplegar el aparato de la justicia médica (entendida como equidad y acceso igualitario a medicamentos) es el PAMI, este es el encargo de la distribución de los medicamentos gratuitos (en su mayoría) a jubilados y pensionados (y a todos aquellos que se quieran afiliar que cumplan con los requisitos exigidos por el organismo). Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación desde finales del 2015 ha implementado el PLAN INCLUIR, cuya naturaleza justificativa resulta ser similar a la del PAMI, otorgar a sectores vulnerados todo lo necesario para la satisfacción del derecho y el acceso a la salud.
Si bien el hecho de que instituciones como el PAMI o programas médicos como el INCLUIR existan, no es garantía suficiente de salvaguarda del derecho a la salud (entendido como derecho humano básico) sino que es necesaria la ejecución efectiva de la entrega de los medicamentos. sin embargo, en el último tiempo esta ejecución ha sido cuestionada por los actores sociales que intervienen en el juego de la salud. Tanto el PAMI como el PLAN INCLUIR han enfrentado recortes en la distribución de los medicamentos ocasionadas por las deudas con las droguerías, por la coexistencia de estos planes sociales y de las prepagas en una misma situación y por la falta de presupuesto para cubrir las necesidades de los afiliados y amparados a estos planes.
EL ROL DEL ESTADO EN LA PROBLEMÁTICA DE LOS MEDICAMENTOS.
El Estado es el órgano encargado de generar el bien común entre los individuos de la sociedad a la cual representa. Este es el principio que emana de las Constituciones liberales de la mayoría de los Estados de derecho del mundo. Sin embargo, la tarea de esgrimir el bien común para los ciudadanos no es del todo sencilla. En primer lugar, los individuos no son iguales, sus intereses, su estilo de vida, sus pensamientos y sus ideologías hacen que la sociedad en su conjunto posea posicionamientos heterogéneos hacia lo que significa la idea de bien común, esto implica que para algunos el bien común se ligara a tener impuestos equitativos, para otros se relacionara con el principio de equidad social, para otros estará signado en la distribución de los recursos. El punto es que el Estado tiene como tarea homogeneizar las posiciones heterogéneas que emanan de la sociedad. Sin embargo, la cuestión de que todos los individuos poseen ideas diferentes sobre el bien común, no resulta ser el único inconveniente con el que se topan los representantes del Estado, sino que también es necesario reconocer como es la sociedad actual. Esto lleva a pensar que la sociedad que hoy nos toca transitar es una sociedad fragmentada, dividida y sectorizada, en otras palabras, se la puede entender nominalmente como una unidad, pero realmente en su núcleo más profundo es una estructura polarizada donde se pueden identificar áreas muy bien definidas. El Banco Mundial –uno de los organismos económico y financieros con mayor peso en el mundo- se han encargado de plasmar en números esta situación, elaborando un índice que contempla exclusivamente la variable del ingreso, a partir de este índice se dedujo lo siguiente:
Clase social
Nivel de ingreso
POBRES
Aquellos que viven en familias con menos de US$ 4 por día per cápita (en Paridad de Poder Adquisitivo –PPA-)
VULNERABLES
Aquellos que viven con ingresos diarios per cápita entre US$ 4 y US$ 10 dólares –PPA-
CLASE MEDIA
Aquellos con ingresos diarios per cápita entre US$ 10 y US$ 50 dólares (PPA).
RICOS O ÉLITE
Aquellos con ingresos superiores a los US$ 50 diarios per cápita en PPA.
Pero, ¿por qué los índices del Banco Mundial se relacionan con el rol del Estado? La respuesta es muy sencilla: siguiendo el principio de equidad social y acceso igualitario a los servicios básicos, el Estado deberá reorientar sus políticas hacia aquellos sectores que presentan una situación económica delicada, la cual muchas veces les impide contar con educación, salud, alimentación y condiciones de vida adecuados. Siguiendo esta línea una de los campos más problemáticos es el del acceso a la salud, específicamente a los medicamentos. Esto implica que los servicios de salud muchas veces no están al alcance de todos, por los altos costos de los tratamientos, de las consultas a los profesionales y de los medicamentos. Cuando estas problemáticas tienen lugar, el Estado debe intervenir a los efectos de corregir el desequilibrio y hacer operativo entre otras cosas la igualdad entre los ciudadanos. En otras palabras, unos podrán cenar con sushi y otros con mate cocido, pero hay algo que todos deben tener asegurado: condiciones de vida dignas y servicios básicos satisfechos. Lo cual se encuentra expuesto, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 22:
– “Artículo 22: Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”
Asimismo, la esencia de estos dos artículos aquí citados se encuentra presentes en otros cuerpos normativos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.
EL PAMI. LOS JUBILADOS COMO SECTOR VULNERABLE.
El PAMI es el instituto de la previsión social por excelencia. Esto implica que es el órgano encargado de satisfacer las necesidades de un sector específico, como resulta ser el de los jubilados. Sin embargo, no sólo los jubilados y pensionados son los habilitados a recibir los beneficios de la institución, sino que como bien surge del sitio web del organismo “todos aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.
El PAMI como tal debe garantizar -al menos- la cobertura parcial del momento total de los medicamentos, en algunos casos la entrega gratuita de ellos, cobertura en análisis clínicos, gastos de enfermería, gastos de insumos necesarios para los post operatorios, pañales, vacunas y demás cuestiones que hacen a los cuidados necesarios propios de la tercera edad.
La creación del PAMI se condice con una idea netamente equitativa, es decir, cubrir los gastos médicos y de salubridad de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Ahora bien, en términos generales la existencia de este instituto, es posible analizarla desde el punto de vista de la eficiencia, en otras palabras, es posible afirmar que la ley 19032 (aquella que fundamenta la creación de este organismo) tenía en miras la eficiencia, porque como bien se ha mencionado, uno de sus objetivos era satisfacer derechos que se encontraban desprotegidos.
Así lo establece el artículo segundo de la mencionada ley:
“Art. 2º — El Instituto tendrá como objeto otorgar —por sí o por terceros— a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios del Instituto, atendiendo a las particularidades e idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país.
Sin embargo, la eficiencia del PAMI resulta ser más bien nominal. Esto implica que en la práctica se presentan varias dificultades que impiden el correcto funcionamiento, y que muchas veces ponen en duda su actuar.
Para identificar esta problemática es necesario hacer una precisión respecto de cómo es el proceder de la institución a los efectos de la cobertura social, en otros términos, cuáles son sus requisitos para otorgar los beneficios sociales que presta.
LITIGIOS INDIVIDUALES DE LOS AFILIADOS.
Las demoras en las entregas de los medicamentos y la suspensión han ocasionado que los afiliados se vean obligados a iniciar procesos de justicia, a los efectos de obtener respuesta a la falta de satisfacción a sus derechos. Casos como el que se expone a continuación, crecen día a día. María Esther Santos es una jubilada rionegrina que tuvo que accionar contra el PAMI por la demora en la entrega de medicamentos y por falta de cobertura en su operación. La situación fue expuesta por el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, cuando anunció la creación de dos programas destinados a “reducir los litigios que involucran al Estado”, y que según los datos de ese ente ascienden a 73.000l causas por un monto de 270.000 millones de pesos, sin contar con los juicios que recaen sobre la Anses y unos 170.000 casos cuyo monto no ha sido determinado. Según Balbín, “es imprescindible disminuir el nivel de litigiosidad en los conflictos en los que el Estado es parte”, y resaltó que “se han incrementado en forma exponencial en los últimos años, por lo que se hace necesario implementar políticas públicas que impulsen su reducción”.
PRONUNCIAMIENTOS DEL SECTOR POLÍTICO
Desde el primer momento en el cual los recortes, las demoras y las suspensiones iniciaron, los diversos sectores políticos no tardaron en pronunciar sus posiciones hacia las políticas que estaban surgiendo del instituto: Aldo Pignanelli, asesor del Frente Renovador en materia económica, fue muy duro. "Eso es terrible, lo del PAMI es una vergüenza", declaró a radio Mitre.
"Usted cobra la jubilación, tenga o no prepaga, le retienen para el PAMI un porcentaje muy importante de la jubilación y mucha gente lo que hace es optar porque no te permiten tomarlo como pago a cuenta de una prepaga. Hay gente que dice bueno, voy a utilizar el beneficio del PAMI para algún medicamento que me puedan entregar gratis o con descuentos. Pero eso es un derecho adquirido, el gobierno lo sacó", explicó.
Y subrayó que "el PAMI tiene excedente financiero" y que "es acreedor en más de USD 1.000 millones del Estado”. En esa línea, la diputada por el Frente Renovador Mirta Tundis consideró que "para el gobierno los jubilados son un gasto, no personas”. La respuesta de los distintos espacios políticos fue en línea a los reclamos del Frente Renovador. Todos cuestionaron la idea de que se trata de derechos adquiridos, consagrados en los cuerpos jurídicos internacionales, y los cuales no pueden quedar sujetos a suspensión alguna. Es por ello, que la mayoría han comenzado a considerar la idea de revisar la estructura del sistema, y así tener en miras una posible reforma de él.
REACCIÓN DE LAS ONG.
Frente a este paradigma las ONG se suman a aquella corriente que invita a los afiliados a interponer acciones de amparo (en base al artículo 43 de la CN, y las cartas de derecho con jerarquía constitucional en la República Argentina). Así surgen asociaciones o entidades que intentan promover la conciencia de los derechos adquiridos y paliar la situación de las demoras y las suspensiones del PAMI. La organización “El amigo legal”, resulta ser uno de estos casos.
