El domingo 16 se realizó en Venezuela el plebiscito convocado por la Asamblea Nacional, dominada por la coalición opositora reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), para que el pueblo venezolano decidiera si aceptaba reformar la Constitución de 1999. A pesar de que la consulta electoral era un requisito necesario para cualquier modificación de la constitución venezolana, el gobierno chavista se negó a convocar la consulta.
Por lo tanto, la consulta opositora fue tachada de ilegal por el presidente Maduro quien no considera vinculante a su resultado debido a que la misma no fue convocado por el Consejo nacional Electoral, organismo controlado por el gobierno.
El plebiscito opositor se realizó bajo la consigna de “El pueblo decide” y se resolvió en base a tres preguntas: a) ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?; b) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución de 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?; y c) ¿Aprueba la renovación de los poderes públicos, así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unidad nacional?
Sin contar con recursos oficiales, la oposición organizó 2.030 “puntos soberanos” (locales de votación) que contienen unas 14.304 mesas de votación para que un electorado de 19 millones de electores (en representación de 31 millones de venezolanos). Los puntos soberanos se establecieron en parques, plazas, teatros, casas parroquiales, iglesias y universidades. El episcopado venezolano cumplió un activo papel en la gestión de esta consulta. A estas mesas asistieron ayer 6.492.381 electores para expresar su voluntad soberana.
La consulta también se realizó fuera de Venezuela. En el extranjero se establecieron puestos de votación en 532 ciudades de 82 países, constituyendo 612 “puntos soberanos” para la votación, a los que concurrieron 693.789 venezolanos residentes fuera del país.
En Argentina, se establecieron puntos de votación en cinco locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitos en los barrios de: Palermo, Abasto, las Cañitas, Paseo La Plaza y San Telmo. A los que se sumaron otros puntos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Tierra del Fuego. Al menos, en la ciudad de Buenos Aires, la concurrencia de venezolanos a estos puntos de votación fue multitudinaria y se desarrolló en un clima festivo.
El 98,3% de los venezolanos que votaron aprobaron las tres preguntas planteadas por la coalición opositora.
La consulta popular fue auditada por cinco ex presidentes latinoamericanos que actuaron como veedores internacionales enviados por la ONG “Iniciativa Democrática de España y las Américas” (IDEA).
IDEA es un foro internacional no gubernamental formado por 35 ex jefes de Estado y de Gobierno quienes se “ocupan de reforzar la solidaridad internacional a favor de la democracia, el estado de derecho y la tutela universal de los derechos humanos”.
Al plebiscito venezolano asistieron los ex presidentes: Laura Chinchilla, de Costa Rica; Vicente Fox, de México; Andrés Pastrana, de Colombia; Jorge Quiroga, de Bolivia y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. Los ex mandatarios respondieron a una invitación cursada por presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges.
Además de los ex presidentes, unos quince legisladores latinoamericanos concurrieron a Venezuela para observar el desarrollo de la consulta popular.
Después del cierre de los comicios, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, declaró: “Hoy ganó la democracia. No hemos visto algo semejante en el mundo a lo que pasó hoy en Venezuela”.
A la convocatoria electoral de la oposición se arribó después de más de cien días de violentas protestas callejeras que dejaron el luctuoso saldo de 96 manifestantes civiles muertos.
La oposición no pudo difundir su campaña. No tuvo espacios en la televisión controlada por el gobierno y tampoco pudo fijar afiches en los muros públicos que de inmediato eran retirados por los “colectivos paramilitares” chavistas.
Pero, estos obstáculos no parecieron afectar demasiado la voluntad de los sectores opositores al momento de dar a conocer su opinión soberana.
Los rectores de las universidades nacionales actuaron como garantes de la pulcritud y transparencia del proceso.
Durante el desarrollo de la consulta popular se produjeron diversos incidentes violentos y en uno de ellos, en la Avenida Sucre en el sector Catia de la ciudad de Caracas, un grupo de paramilitares disparó contra un centro de votación provocando dos muertos y cuatro heridos. En el interior del país también se registraron ataques con un saldo de heridos y destrucción de materiales de propaganda y cuadernos de votación.
En la semana previa a la consulta, el régimen chavista amenazó con bloquear su realización a través de sus aliados del Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y del Consejo Nacional Electoral.
En esta forma, el gobierno instó a los medios audiovisuales a limitar la cobertura con la amenaza de retirarles la concesión. Finalmente, a través del Consejo Nacional Electoral, el gobierno organizó un simulacro de votación de la Constituyente, cuyos 545 asambleístas serán elegidos en realidad, el próximo 30 de julio. “Ese día se define el destino de Venezuela. Vamos a la Constituyente para salvar a la patria”, afirmó Maduro, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos en medio de la devastación económica y la expansión de la delincuencia.
Con su plan de generar una Constituyente el gobierno pretende crear un organismo superestructural con poder sobre el Congreso y la fiscalía general opositora para eliminar los últimos focos de resistencia al régimen.
La mayoría de los candidatos a la Constituyente son aliados del gobierno. El organismo debatirá al menos dos años, proporcionando en esta forma un pretexto para suspender también las elecciones presidenciales de 2018.
La exitosa realización de la consulta popular opositora fue un duro revés para el chavismo. Sin embargo, el régimen tiene la piel dura y le importa muy poco la opinión de los venezolanos y las presiones internacionales.
Maduro, mientras mantenga el apoyo irrestricto de las fuerzas armadas, seguirá adelante con su proyecto de terminar con todos los espacios opositores en Venezuela indiferente a toda crítica o presión, aunque tenga que ensangrentar aún más a su país y mantenerlo internacionalmente aislado.
