Las revelaciones sobre corrupción gubernamental de alto nivel parecen estar de moda que el mundo. Primero fue el escándalo provocado por las coimas pagadas por la constructora Oderbrech a diversos gobiernos latinoamericanos, luego las denuncias de los fiscales generales de Maryland, Brian Frosh, y del Distrito de Columbia, Karl Racine, contra el presidente estadounidense Donald Trump por recibir dinero de gobiernos extranjeros, ahora es el gobierno ruso quien debe hacer frente a su propio affaire de corrupción.
El polémico precandidato presidencial, a las elecciones de 2018, el abogado Alexei Navalni, presidente de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción, no cesa en sus acusaciones contra funcionarios del gobierno de Vladimir Putin.
El principal blanco de las acusaciones de Navalni es el primer ministro Dmitri Medvédev, hombre de extrema confianza del presidente Vladimir Putin. De hecho, Medvédev, que había sido su primer ministro, reemplazó a Putin en la presidencia, de 2008 a 2012, mientras esta pasaba a desempeñarse como primero ministro. En un enroque continuista que repitieron a partir de 2012.
Actualmente, Medvédev es también el líder del oficialista partido Rusia Unida, con mayoría en la Duma (cámara baja del parlamento ruso) ya que cuenta con 343 escaños de un total de 450.
Navalni empleó YouTube para difundir sus denuncias y en dos semanas alcanzó 8.800.000 visitas. La denuncia adjudica a Medvédev una cuantiosa fortuna ilegal compuesta por inmensas y lujosas mansiones, ubicadas en diversas zonas de la Federación de Rusia. Los inmuebles adjudicados a Medvédev están situados en lugares que van desde las afueras de Moscú, las regiones de Kursk e Ivánovo, las montañas del Cáucaso y en zonas turísticas del Mar Negro.
A estas propiedades hay que agregar más de cien hectáreas de terreno en conjunto, consistente en una explotación agropecuaria y viñedos en Rusia, además de una hacienda, viñas y una bodega vitivinícola en la Toscana, Italia y dos lujosos yates.
Según Navalni, la fortuna ilegal de Medvédev alcanzaría la astronómica cifra de 1.130 millones de euros y sería administrada a través de un complejo entramado de fundaciones.
En el Affaire Medvédev, siempre en base a investigaciones y denuncias formuladas por Navalni, están involucrados importantes empresarios rusos que habrían efectuado sospechosas “donaciones”, la administración presidencial sospechada de vender terrenos a precios hasta doscientas veces inferiores al valor de mercado y bancos estatales que financiaron operaciones inmobiliarias con créditos a tasas por demás convenientes.
La denuncia involucra también a otros funcionarios y ex funcionarios del gobierno ruso. Entre ellos el ministro de Agricultura, Alexandr Tkachov, antiguo gobernador de la región de Krasnodar, donde es tan varios de las propiedades mencionadas en la denuncia.
El gobierno ruso ha mantenido un curioso silencio frente a la denuncia para no incrementar la difusión de la misma.
La vocera de prensa del primer ministro Medvédev, Natalia Timakova, ha querido restarle entidad a la denuncia declarando que “no tiene sentido” comentar “el ataque propagandístico de un personaje de la oposición condenado por corrupción (Navalni), quien ha declarado que ya está realizando una campaña electoral y que lucha contra las autoridades.”
Tampoco ningún fiscal o juez ruso han decidido analizar las denuncias efectuadas por Navalni para ver si las mismas tienen alguna entidad y deben abrir una investigación judicial por enriquecimiento ilícito, corrupción, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público y cualquier otro tipo de delito que surjan de las mismas.
Lo cierto es que la denuncia de Navalni si ha sido creíble para un gran sector de la opinión pública rusa despertando una profunda indignación. La respuesta son activas protestas antigubernamentales, protagonizadas en especial por millennials, jóvenes adolescentes nacidos y criados durante los años del gobierno de Vladimir Putin, que se movilizan bajo el lema: “exigimos una respuesta”.
Pero la única respuesta que han obtenido es una dura represión. Como resultado de las recientes protestas el gobierno ha encarcelado a más de mil manifestantes y condenado a Alexei Navalni a treinta días de arresto domiciliario.
No obstante, si el descontento no cesa es posible que el presidente Putin, que el año próximo intentará la reelección en la presidencia, deba prescindir de los servicios de su fiel aliado Dmitriv Medvédev para intentar poner al descontento que altera los ánimos en Rusia desde hace casi un mes.
Por otra parte, es muy curioso que sobre el denunciante Alexei Navalni, pesa una condena de cinco años en libertad condicional que le fuera impuesta por un tribunal de la ciudad de Kirov. Navalni y su socio Piotr Ofizérov (condenado a cuatro años de libertad condicional) han sido declarados culpables de robo y malversación de unos 254.000 euros pertenecientes a la empresa maderera Kirovles, cuando Navalni era asesor del gobernador de la provincia, Nikita Belij, quien en la actualidad está encarcelado por una acusación de soborno.
Al parecer, en Rusia no impera el mandato bíblico de que “el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”.
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