POLITICA
Sabado, 20 de Junio de 2020 | Hace 2 meses

EL CASO VICENTÍN Y LA REBELIÓN DEL CAMPO

?La decisión presidencial de expropiar ilegalmente por un decreto de necesidad y urgencia el holding Vicentín SAIC ha provocado una innecesaria confrontación entre el gobierno y el campo que amenaza la gobernabilidad del país en medio de una pandemia.

LA OLIGARQUÍA, SIEMPRE “LA PUTA OLIGARQUÍA”

El peronismo siempre ha tenido una relación difícil con el campo. Posiblemente debido a que llegó al gobierno, en 1946, después de construir una heterogénea coalición entre  fuerzas armadas, la Iglesia Católica, la burguesía que impulsaba la industrialización por sustitución de importaciones y los sindicatos obreros.

Perón era un militar que entendía a la política como un combate y todo combate requiere de un enemigo. Entonces, Perón eligió como enemigo a “la oligarquía”, una entelequia que nunca definió claramente.

Quien si la definió fue la vehemente Eva Perón, que depositó sus odios en las familias del patriciado terrateniente que para ella formaban parte de “la puta oligarquía” encarnada en la Sociedad Rural Argentina.

El peronismo, en su afán por controlarlo todo, estableció una economía estatista y dirigista que recortó los márgenes de ganancia de los productores agrícolas obligándolos a vender su cosechas al Estado a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) que luego vendía estos productos (cereales, carnes, oleaginosas, yerba mate, algodón, etc.) en el exterior.

También reguló el trabajo rural a través del Estatuto de Peón (Ley 12.921/47) que terminó con algunas prácticas laborales abusivas aunque, lamentablemente, no con todas.

Los productores rurales respondieron a la hostilidad del peronismo financiando a la Unión Democrática que compitió y perdió frente a Perón en las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946.

Durante la primera década de gobierno peronista (1946 – 1955) los propietarios rurales se situaron en la oposición refugiándose en los partidos tradicionales de oposición: la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, etc.) y apoyo todas las intentonas golpistas hasta el derrocamiento del general Perón en septiembre de 1955.

Cuando retornó el peronismo al gobierno con Héctor J. Cámpora, el 25 de mayo de 1973, la hostilidad hacia los propietarios rurales identificados como “la oligarquía” resurgió.

La Tendencia Revolucionaria del peronismo -el sector juvenil donde militaban Néstor Kirchner y Cristina Fernández- impulsaba una “reforma agraria” basada en la expropiación de lo que calificaban como “grandes latifundios improductivos” para poner la tierra en manos de quien la trabaja a través de granjas colectivas.

El grupo terrorista Montoneros -que actuaba como una suerte de brazo armado de la Tendencia Revolucionaria-, incluso atacó al principal conglomerado agroindustrial del país: Bunge & Born S. A.

El 19 de septiembre de 1974, una treintena de terroristas montoneros secuestraron a los empresario Jorge y Juan Born. En el operativo asesinaron a Alberto Bosch, gerente de Molinos Río de la Plata y al chofer Juan Carlos Pérez.

El Operativo Mellizas permitió a los montoneros obtener un fabuloso rescate de sesenta millones de dólares. Aunque poco pudieron disfrutar del botín, el banquero David Graiver les estafó trece millones de dólares antes de desaparecer en un misterioso accidente aéreo cuando su avión volaba sobre el desierto de Arizona.

También Fidel Castro se quedó con otra sustanciosa parte del rescate pagado por los Born que los confiados guerrilleros depositaron en la Isla.

Carlos Menem fue el único presidente peronista que mantuvo buenas relaciones con el campo, con la Sociedad Rural Argentina y hasta con la empresa Bunge & Born.

El presidente Eduardo Duhalde al asumir su cargo en medio de la crisis económica de 2001 impuso “retenciones”, es decir, un impuesto adicional del 20% a las exportaciones agrícolas (soja y girasol) para otorgar subsidios a los sectores populares más afectados por el derrumbe de la economía, en abril de 2002.

Su sucesor, Néstor Kirchner aumentó dos veces las retenciones en enero y noviembre de 2007, alcanzando un porcentaje de 35% para la soja en bruto, 32% para el aceite de soja, 28% para el trigo y 25% para el maíz.

En marzo de 2008, la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía, Martín Lousteau, castigaron una vez más al agro argentino a través de la Resolución 125/2008  que estableció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas.

A raíz de esta medida se produjo un paro agropecuario que se extendió por 129 días e incluyó medidas tales como bloqueo de rutas y desabastecimiento en las ciudades. Finalmente, el Congreso Nacional resolvió el conflicto al rechazar convertir en ley la Resolución 125 cuando la presidenta envió el proyecto al Poder Legislativo. El conflicto con el campo le costó el cargo al ministro de Economía Lousteau (hoy senador nacional del opositor Juntos por el Cambio) y al entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández (precisamente el actual presidente).

El presidente Macri, en 2015, eliminó las retenciones para el trigo, maíz, carne y productos regionales y redujo las retenciones a la soja en un 5%. Aunque la crisis cambiaria de 2018 lo obligo a aumentar nuevamente las retenciones al 12%. La medida le hizo perder el voto del campo y contribuyó a su derrota en las elecciones de 2019.

Con el retorno del peronismo al gobierno, pese a que el país se encontraba bajo una cuarentena social y existía una feria judicial debido a la pandemia del Covid 19, el lunes 8 de junio, el presidente Alberto Fernández abrió un nuevo conflicto con el campo al impulsar la expropiación ilegal de uno de los mayores conglomerados agroalimentarios del país el holding Vicentín S.A.I.C. una firma que se inició como empresa familiar en 1922.

La expropiación que viola las prescripciones del artículo 17 de la Constitución Nacional se realizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el N° 522/2020 y se disfrazó como una “intervención transitoria” y “ocupación temporaria anormal” basada en los artículos 57, 59 y 60 de la Ley de Expropiaciones.

Curiosamente la Ley 21.499, de enero de 1977, es una norma sancionada por el gobierno de facto de Jorge R. Videla y el kirchnerismo se ha caracterizado en todos sus gobierno por perseguir encarnizadamente a todas las personas vinculadas con la dictadura militar y suprimir todo el marco jurídico e institucional creado en ese período.

En este caso ha hecho todo lo contrario. Al kirchnerismo no le importó aprovechar una legislación proveniente de la Dictadura cuando servía a sus fines. No obstante, el decreto presidencial pasó por alto que la mencionada ley en su artículo 61, establece sin ambigüedad alguna que “por razones normales, previa declaración legal de utilidad pública podrá establecerse por advenimiento, de lo contrario podrá ser dispuesta por la autoridad judicial (no por el Poder Ejecutivo), a requerimiento de la Administración Pública”.

En el mismo sentido se expide el Artículo 17 de la Constitución Nacional: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.”

Precisamente, para justificar la “utilidad pública” el gobierno esgrimió el argumento de la “soberanía alimentaria”. El mismo argumento empleado por el bolivariano Hugo Chávez Frías para estatizar decenas de empresas (entre ellas la firma Polar, la mayor empresa privada de producción y privatización de alimentos) productoras de maíz, café, ingenios azucareros, firmas lácteas, con un resultado conocido: la caída drástica de la producción, una mayor dependencia de alimentos importados, góndolas vacías y una cada vez más necesaria asistencia de bolsas de comida a los más vulnerables. Y  a los no tan vulnerables, pero en camino de serlo, con una caída de los niveles nutricionales de los años previos al chavismo.

La “soberanía alimentaria” era un argumento muy discutible en Venezuela, pero absolutamente inaceptable en Argentina, un país que tiene una población de 44 millones de habitantes y produce anualmente alimentos para cubrir las necesidades alimenticias básicas de 400 millones de personas.

Además, si algo ocurrió en los más de noventa días del aislamiento social fue que nunca faltó comida, que la producción del campo siguió fluyendo a fábricas y puertos, y que el ingreso de divisas se mantuvo en niveles normales. Aunque la normalidad no es suficiente para arreglar los disparates macroeconómicos, lo cierto es que el único ingreso de divisas reales provino, en lo que va del año, de las exportaciones soberanas de alimentos.

Precisamente, la forma de producir en el campo argentino despierta cada vez más interés en el mundo, por el enfoque sustentable, el bajo impacto ambiental y la huella de carbono de la agricultura pampeana. Por eso vienen cientos de expertos todos los años a visitar Expoagro, una potente exhibición de la tecnología sustentable en acción. La producción de granos pasó en treinta años de 40 a 150 millones de toneladas. Se cuadruplicó. Por eso la Argentina todavía es viable pese a que el 40% de su población vive en la pobreza y frecuentemente se acuesta con hambre una “deuda social” cuya existencia es responsabilidad de todos los gobierno de la era democrática inaugurada en 1983.

EL HOLDING VICENTING S.A.I.C

La firma Vicentin S.A.I.C. se encuentra en cesación de pagos desde diciembre de 2019 y se concurso en el juzgado Civil y Comercial N° 2 a cargo del juez Fabián Lorenzini donde 2.638 empresas o personas reclaman deudas a esta empresa. Es posible distinguir seis grupos bien definidos de acreedores a saber:

-        Hay 1.895 acreedores que reclaman 25.656 millones de pesos porque le vendieron a Vicentín granos que no fueron pagados.

 

-        Otros 587 acreedores reclaman 2.292 millones de pesos por haberles vendido algún bien o servicio que tampoco han pagado.

En estos dos grupos podría decirse que está bien representada la llamada “pampa gringa”, es decir centenas de proveedores de granos o servicios diseminados mayormente por la zona de influencia de Vicentín, es decir las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos tal vez norte de la Provincia de Buenos Aires.

Hay una gran diversidad en los montos reclamados. Así, entre quienes le vendieron granos a Vicentín aparecen la poderosa Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada (ACA), que reclama 4.929 millones de pesos, hasta pequeños productores o cooperativas que piden cobrar menos de un millón de pesos. De hecho, hay 918 acreedores en el grupo (venta de granos) que reclaman menos de un millón de pesos.

-        La deuda financiera es la más pesada y concentrada. 37 bancos locales y extranjeros, y además organismos financieros internacionales inscribieron deudas a cobrar por 63.961 millones de pesos, es decir, el 64% del total.

Aquí aparece a la cabeza el Banco de la Nación Argentina, con 18.182 millones de pesos. Y un poco más atrás la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) con 16.504 millones de pesos. En tercer lugar, otro acreedor extranjero: el Banco de Fomento Holandés conocido por la sigla FMO, reclama 9.228 millones de pesos.

En los casos de la CFI y el FMO las pérdidas que deberán asumir son monumentales, porque otorgaron préstamos en dólares que el concurso de acreedores pesificó de entrada. Es decir, que todos estos acreedores ya están asumiendo una pérdida importante, más allá de que lleguen a cobrar algo, en algún momento.

De los bancos que operan en el mercado local, luego del Nación aparecen el Banco Provincia de Buenos Aires (1.814 millones de pesos); Hipotecario (758 millones de pesos); el Macro (653 millones de pesos) ; Nuevo Banco de Entre Ríos (658 millones de pesos); Itaú (374 millones de pesos) Nuevo Banco de Santa Fe (372 millones de pesos); Banco Ciudad de Buenos Aires (318 millones de pesos); BICE (313 millones de pesos); Santander (209 millones de pesos) e Industrial (125 millones de pesos).

La deuda financiera se explica porque el negocio cerealero opera permanentemente endeudado. El capital de trabajo, para comprar millones de toneladas, venderlas y quedarse con un pequeño margen de cada venta, lo aporta el sistema financiero global. Se calcula que las cerealeras locales toman deuda de corto plazo, la volatilidad de precios es un riesgo altísimo. En los últimos años, los valores de los commodities estuvieron particularmente volátiles, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los préstamos, en su mayoría fueron otorgados bajo la categoría “prefinanciación de exportaciones”, es decir que los bancos le dieron dólares a Vicentín. Pero en el expediente la deuda aparece pesificada al tipo de cambio en el que se sustancio el concurso.

-        Accionistas: un grupo llamativo es el de los propios accionistas de Vicentín que reclaman cobrar dinero a la empresa. Esta deuda puede surgir de dividendos u honorarios aprobados en asamblea de accionistas pero no liquidados o préstamos que los propios accionistas le hicieron a la compañía. Son un grupo de 97 accionistas que en total reclaman 351 millones de pesos.

La primera en esta lista es la señora Olga Rodríguez de Vicentín, con 65 millones de pesos. Del total de accionistas, doce -entre ellos las familias Nardelli y Padoán- tienen reclamos que superan los diez millones de pesos cada uno de ellos.

También tienen una porción importante del reclamo las denominadas empresas controladas o asociadas a Vicentín. Son tres compañías: Vicentín Paraguay (4.079 millones de pesos), Diferol (2,6 millones de pesos) y Renova (345 millones de pesos): en total 5.428 millones de pesos. Renova es el joint Venture formado por Oleaginosa Moreno Hnos. -perteneciente al Grupo Glencore-, y Vicentin.

-        Un último grupo lo representan las deudas impositivas y aduaneras. Tanto la AFIP, como los fiscos provinciales u oficinas de recaudación municipales inscribieron deudas por un total de 1.655 millones de pesos. La Afip reclama 1.525 millones de pesos y Rentas de la Provincia de Santa Fe, 104 millones de pesos. Luego aparece la Municipalidad de San Lorenzo (donde operan las plantas de Vicentín) con 17 millones de pesos.

El proceso concursal estaba en manos de un juez en la instancia en que el deudor presentaba una oferta de pago para que los acreedores decidieran si la aceptaban o no. De no aceptarla, el juez puede promover que otras empresas privadas la adquieran haciéndose cargo de la deuda. En ese momento había más de un interesado en adquirir la empresa (la firma Glencore, el empresario menemista José Luis Manzano, etc.). En otras palabras, era un concurso que estaba en un trámite normal.

Pero el Poder Ejecutivo Nacional decidió repentinamente sobreponerse al juez, tomar el control de la empresa y colocar un interventor para que la administre, hasta tanto el Congreso decida expropiarla.

Lo más interesante del caso Vicentín es que el Estado argentino también se encuentra en concurso de acreedores -renegociando su deuda externa- y ahora decidió incrementar su endeudamiento absorbiendo una empresa con un pasivo de aproximadamente 1.350 millones de dólares y por la cual también tendrá que indemnizar a los propietarios y enfrentar seguramente nuevos juicios.

Diversos sectores sociales y políticos han reaccionado críticamente contra la decisión del presidente Alberto Fernández. En las ciudades de Avellaneda y Reconquista, en la provincia de Santa Fe, donde la vida económica se encuentra severamente condicionada por la empresa Vicentín se produjeron marchas y protestas pese al aislamiento social.

El malestar se incremento con cacerolazos en las provincias de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Incluso el intendente de Avellaneda, el radical Dionisio Scarpín, reclamó públicamente por la decisión, mientras que el gobernador de la provincia, el peronista Omar Perotti, pasó de apoyar la medidas a tomar distancia ante la reacción visceral de su electorado.

Pero las críticas no se limitaron a la opinión pública y a la oposición. Dentro del mismo peronismo se alzaron varias voces importantes en contra del proceso de estatización de la empresa. La voz más moderada, y la que seguramente más impactó al presidente Fernández, fue la del excandidato presidencial Roberto Lavagna. El veterano economista aseguró que en el pasado se fracasó cuando se recurrió a estatizaciones en nombre de la soberanía y recordó el caso de YPF, que terminó costándole una fortuna al Estado argentino en las cortes internacionales. “Espero que se haya aprendido la lección” concluyó Lavagna.

Indiferente ante las protestas, el gobierno nacional siguió de todas maneras adelante con su decisión y anunció que enviaría al Congreso Nacional el proyecto de ley de expropiación.

En el interior del país, especialmente en las zonas rurales, surgió entonces la idea de que debían oponerse de forma activa a la expropiación de Vicentín. A los directamente afectados por la expropiación se sumaron en la protesta otros propietarios rurales temerosos de que se incrementasen las expropiaciones de establecimientos rurales invocando la “soberanía alimentaria” y miembros de la oposición.

Pese a la vigencia de las normas para el aislamiento social, quienes se oponen a la expropiación organizaron para el sábado 20 de junio (Día de la Bandera) a las 16.00 hs. concentraciones y asambleas en las plazas, rotondas y centros de las principales provincias bajo el lema de: “Banderazo en defensa de la propiedad privada” y “Hoy es Vicentín, mañana sos vos”.

Los manifestantes que se convocan por las redes sociales han establecido más de treinta puntos de concentración entre los que figuran las localidades de: Rafaela, Rosario, Reconquista, Avellaneda, venado Tuerto, Rufino, Tostado, Villa Ocampo, Esperanza, San Justo, San Jorge, Cañada de Gómez e incluso Corrientes y Paso de los Libres, ya viralizaron entre sus habitantes la movida que se multiplica con el paso de las horas

No obstante, el viernes 19 de junio el juez Fabiani desplazó a los interventores designados por el DNU presidencial y restituyó al directorio de cerealera en la conducción de la empresa. Los interventores del Poder Ejecutivo fueron rebajados  por el magistrado a la condición de “veedores controladores”. Ahora será la Cámara de Apelaciones quien deberá disponer si el juez debe o no definir el tema, pero el trámite seguramente llevará tiempo.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA EXPROPIACIÓN DE VICENTÍN?

A esta altura está muy claro que la expropiación de Vicentín responde a motivaciones políticas más profundas que el mantener la fuente de trabajo para seis mil personas o garantizar una soberanía alimentaria que nunca estuvo en riesgo. ¿Pero, cuáles son esas motivaciones?

La primera que surge es la de contar con una empresa  estatal para intervenir en el comercio exterior de granos, a manera de una cuasi Junta Nacional de Granos, para controlar precios de exportación, y extraer dólares a los productores locales, más bien quitar mercado a competidoras internacionales, especialmente en los negocios con China. Para cumplir con ese propósito, el gobierno kirchnerista podría en el futuro obligar a los productores a vender un porcentaje o la totalidad de sus cosechas al precio establecido por el Estado, a esa empresa estatizada.

Además, a través de Vicentín o de un fideicomiso con YPF Agro el gobierno argentino podría vender en forma directa y a crédito los productos agrícolas que tanto necesitan las destruidas economías de Venezuela y Cuba. Recordemos, por ejemplo que, en 1973, durante el gobierno del presidente Cámpora, Argentina vendió a crédito, mediante un Convenio de Cooperación Económica firmado por el ministro José Ver Gelbard, a Cuba productos argentinos -entre ellos automóviles Peugeot 404, Ford Falcón y Torino- por valor de seiscientos millones de dólares.

Cuba nunca pagó un centavo de esos créditos, que ahora constituyen una deuda, con los intereses acumulados más de 2.300 millones de dólares. Ningún gobierno peronista reclamó nunca a La Habana el pago de esa deuda.

Es decir, que no hay ninguna certeza de que Cuba o Venezuela paguen nunca por los productos agrícolas que reciban de Argentina a través de Vicentín, pero Cristina Fernández de Kirchner habrá cumplido sus compromisos con los gobiernos que le brindaron protección y apoyo, a ella y a su hija, en momentos que lo necesitaron.

Además, hay otras motivaciones menos ideológicas y más vinculadas con la corrupción. La estatización podría ser una revancha política contra la empresa Vicentín por haber sido el principal aportante de la última campaña presidencial de Mauricio Macri, a través de tres empresas: Algodonera Avellaneda, Friar S.A. y Oleaginosa San Lorenzo, que volcaron cada una 4,5 millones de pesos a la coalición macrista Juntos por el Cambio.

Por otra parte, una nueva empresa estatal es un buen albergue para “contener” a los militantes oficialistas de “La Cámpora” siempre a la búsqueda de empleos bien remunerados en el Estado.

Por último, los productores agropecuarios que vendan parte o la totalidad de sus cosechas a una Vicentín estatal luego deberán esperar a que el Estado decida cuanto, cuando y en que forma va a pagar por sus cosechas. Seguramente, como todo proveedor del Estado en Argentina, los productores agrícolas deberán “aceitar” la cadena administrativa para poder cobrar rápidamente lo que la empresa les adeuden.

Como puede apreciarse el caso Vicentín no es más que un nuevo ataque del peronismo al agro argentino y un atropello al orden constitucional.

Autor: Adalberto Agozino

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