INTERNACIONAL
Jueves, 23 de Junio de 2022 | Hace 2 meses

DIEZ DÍAS DE PARO INDÍGENA PONE EN JAQUE LA GOBERNABILIDAD EN ECUADOR

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador lleva adelante desde el 13 de junio un paro nacional que ya ocasionado cuatro muertos y más de cien detenidos en demanda de medidas económicas de carácter social que amenaza la estabilidad del gobierno del banquero liberal Guillermo Lasso.

Guillermo Lasso asumió la presidencia del Ecuador el 24 de mayo de 2021, luego de derrotar a Andrés Arauz, el joven economista apoyado por el expresidente Rafael Correa.

El banquero liberal había resultado segundo en la primera ronda electoral, con tan sólo el 19,7% de los votos emitidos. Por lo tanto, asumió la presidencia sin tener los escaños legislativos suficientes para hacer aprobar sus iniciativas fundamentales en el Congreso.

Desde el inicio de su gestión, Lasso ha tratado de establecer una relación constructiva con el movimiento indigenista reunido en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fundada en 1986.

Del 4 de octubre al 10 de noviembre de 2021 el presidente Lasso se reunió con los líderes de la CONAIE en el Palacio de Carondelet. A finales de ese mes, el movimiento indigenista se retiró de las negociaciones aduciendo falta de respuesta por parte del gobierno.

A partir de ese momento las relaciones entre el Gobierno y los indígenas fueron deteriorándose. En un intercambio de descalificaciones en que el presidente Lasso calificó de “anarquista” al presidente de la CONAIE, ingeniero Leónidas Iza y este a su vez acusó al mandatario de “evasor de impuestos” y de adoptar una “actitud fascista”.

La CONAIE lideró en el pasado protestas callejeras y paros que derrocaron a tres mandatarios ecuatorianos entre 1997 y 2005. También protagonizó violentas protestas en 2019 (que dejaron un saldo de 7 muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos) y en 2021.

Los indigenistas presentaron al presidente Lasso una propuesta de diez exigencias no negociables. La principal de ellas es la reducción de los precios del combustible a U$S 1,50 dólares para el galón de 3,78 litros de diésel y a U$S 2,10 para la gasolina de 85 octanos.

Además, demandaron precios más económicos para los agricultores, campesinos, transportistas y pescadores.

Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, el diésel casi duplicó su valor en Ecuador, pasando de U$S 1,00 a U$S 1,90, y la gasolina extra subió un 46%, al incrementarse de U$S 1,75 y U$S 2,55.

La CONAIE además, demanda una moratoria para cuatro millones de personas, renegociación de deudas y reducción de las tasas de interés en el sistema financiero privado, la suspensión del embargo de bienes o propiedades por falta de pago de las deudas. También pide preciso “justos” para los productos agrícolas, aplicación de políticas públicas para detener la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular.

Ante la falta de una respuesta favorable el movimiento indigenista inició el paro el lunes 13 de junio con gran acatamiento. La movilización incluyó piquetes en las principales rutas y protestas en el centro de Quito.

En la madrugada del martes 14, Lasso ofreció un primer mensaje al país, en el que se centro en los “actos vandálicos” ocurridos durante las protestas.

El viernes 17, el presidente anunció algunas medidas destinadas a “aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas” entre las que figuran:

-        Incrementar el bono de desarrollo humano de U$S 50 a U$S 55.

-        Declarar en emergencia al sistema de salud pública.

-        Duplicar el presupuesto destinado a la educación intercultural.

-        Subsidiar hasta el 50% en el precio del fertilizante urea a pequeños y medianos productores.

-        Condonación de todos los créditos vencidos hasta los U$S 3.000 en BanEcuador.

-        Crédito agrícola de hasta U$S 5.000 al 1% de interés y a un plazo de 30 años.

-        No incrementar el precio del diésel, el gas y la gasolina extra y ecopaís.

-        No promover privatizaciones de servicios públicos y sectores estratégicos.

La CONAIE rechazó las medidas del presidente alegando que no daban respuesta a sus demandas.

El presidente replicó, ese mismo día, estableciendo el “Estado de excepción” en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo Pastaza y Tungurahua por treinta días. La medida implica limitación a las concentraciones de personas, toque de queda que restringe la libertad de tránsito desde las 22.00 a las 05.00 hs. en el Distrito Metropolitano de Quito.

Mientras que en su cuenta de Twitter, Lasso grabó un video declarando desafiante: “Ellos buscan el caos, quieren botar al presidente, yo estoy aquí, yo no voy a escapar”.

Al mismo tiempo, el presidente emitió el Decreto Ejecutivo 457, en el que se establecieron “lineamientos para la optimización del gasto público”. El Estado ecuatoriano se encuentra sobreendeudado (debe unos 60.000 millones de dólares) y tiene un déficit fiscal de 3.000 millones al año.

El decreto consta de 40 artículos en los cuales se establece la reducción del gasto estatal, afecta los salarios de los funcionarios públicos, horas extra y nuevas contrataciones.

El decreto tuvo el efecto de sumar nuevos sectores a la protesta. Desde el Frente Unitario de Trabajadores rechazaron esta medida gubernamental, al considerar que estaba orientada a “despedir a los trabajadores”. En forma similar se expidieron el representante de la Unión General de Trabajadores de Ecuador, José Villavicencio y la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas.

Mientras tanto, la Policía Nacional informó el martes 21, la muerte de 4 manifestantes (uno por desbarrancamiento y 3 por manipular un artefacto explosivo), 79 policías heridos, 27 retenidos y luego liberados, 20 patrulleros incendiados y un estación policial destruida en la ciudad de Puyo, ataques al local del Banco de Guayaquil, la Cruz Roja y la sede central de la Fiscalía General de Estado de Ecuador, en Quito.

El martes 21, por la noche el ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, advirtió que las fuerzas armadas “contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social”, y afirmó que “Estas acciones coinciden con el brutal ataque que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado. Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia”.

Es así, como el Ecuador transita su segunda semana de violentas protestas callejeras protagonizadas por el movimiento indigenista sin que por el momento se pueda vislumbrar una salida al crisis o que sus protagonistas se muestren dispuestos a llevar a cabo una negociación para poner fin a la misma.

 

  

Autor: Adalberto Agozino

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